Aunque los dos trámites van unidos a la hora de matricular un vehículo, hasta ahora el Departamento de Hacienda y la Dirección General de Tráfico funcionaban por separado. El contribuyente presentaba la declaración del Impuesto Especial sobre Determinados medios de Transporte -conocido como de matriculación- y luego acudía a la ventanilla de la Jefatura provincial. Las dos instituciones han empezado a cruzar sus datos «para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias» asociadas a esta operación.
Cuando una de las dos detecte una posible irregularidad -por ejemplo, un particular con numerosos vehículos a su nombre o que acumula deudas por ventas de coches- lanzará una alerta a la otra mediante un código que se introduce en el sistema informático. En este caso, el proceso de matriculación quedará paralizado hasta que se verifique que el contribuyente está al día con sus impuestos. Hacienda podrá dictar medidas cautelares y será necesario un informe favorable para asignar un número de matrícula al vehículo.
El control se extenderá a las solicitudes de matriculación que se presenten fuera de Vizcaya, ya que las jefaturas de Tráfico podrán enviar los expedientes a Hacienda. Los informes se realizarán «a la mayor brevedad posible». El protocolo fija un plazo máximo de veinte días hábiles, aunque en casos «excepcionales» la Diputación podrá pedir una prórroga. Además de colaborar en la verificación de datos, las dos instituciones han establecido un sistema informático para recoger «diariamente y de manera automática» los datos sobre matriculaciones y transferencias de vehículos realizadas en la Jefatura provincial de Tráfico de Vizcaya. En cualquier momento se podrá acceder a la base de datos de fichas técnicas electrónicas de vehículos para seguir la pista de una trama fraudulenta como la que se detectó en 2005 en la venta de coches de alta gama.










