Según ha explicado en un comunicado el consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, se trata de un servicio novedoso en el Estado, que va a permitir a Euskadi "ir situándose en la órbita de los países avanzados de Europa en la consecución de la Justicia restaurativa y formar parte de las redes de mediación existentes", avanzando en "la humanización de la Justicia penal y una mayor satisfacción de las víctimas".El servicio de Mediación Penal en Barakaldo cuenta con tres profesionales especializados y con experiencia en este ámbito, pertenecientes al Centro Universitario de Transformación de Conflictos GEUZ. De forma paulatina, se irán creando nuevos servicios de mediación en otros partidos judiciales.
La mediación penal se pone en marcha cuando entre dos o más personas existe un conflicto, para intentar abordarlo, resolverlo o transformarlo mediante el diálogo y el acuerdo entre las partes. La mediación supone la intervención de una tercera persona, ajena al conflicto, para buscar soluciones.Si en el citado conflicto se produce un hecho con trascendencia penal, o el hecho es el conflicto en sí, éste se puede abordar mediante la mediación penal. La solución acordada entre el autor y la víctima deberá ser aprobada por el órgano judicial.
Cuando se entienda que un delito o falta es susceptible de derivarse a una mediación, se comunicará a las partes y, si acceden a participar de manera voluntaria, el mediador se entrevistará con ellas, con el fin de que puedan encontrarse cara a cara, comunicarse entre sí y llegar a una conciliación. Buscarán además un acuerdo sobre cómo el acusado se responsabiliza del daño causado y el modo de repararlo. En este caso, es "posible que el infractor vea rebajada su pena por haber reparado el daño y que la víctima se sienta compensada material y moralmente". Todo el proceso se realiza controlado por jueces, fiscales y letrados, garantizando así los derechos de las partes y el interés público. El proyecto, desarrollado por la Dirección de Ejecución Penal, en colaboración con los órganos judiciales de Barakaldo y la Fiscalía, es una fórmula complementaria al procedimiento judicial.
"Múltiples ventajas"
Para el departamento que dirige Azkarraga, presenta "múltiples ventajas", como el protagonismo de la víctima en la resolución del conflicto, la comunicación entre las partes con la introducción de aspectos subjetivos que suelen quedar al margen del procedimiento penal formal, la responsabilización del infractor por la comprensión del daño causado, la disminución de la carga de trabajo de la Administración de Justicia, y la mayor profundidad de la solución consensuada respecto a la mera sanción, así como la comprensibilidad de todo el proceso para ambas partes.
Para el consejero, "se trata, en definitiva, de seguir orientando el sistema penal hacia una mayor satisfacción de las víctimas. La mediación penal quiere además servir a humanizar la Justicia, a favorecer la comunicación y el diálogo, dentro del sistema judicial pero bajo su control". La creación de un sistema de mediación penal para adultos en la CAPV era "una necesidad" del sistema penal y "un imperativo" en el ámbito de la Unión Europea, tal y como se establece en el Estatuto de la Víctima de 2001. "Es una realidad con larga experiencia en otros países. El Estado español aún no ha hecho frente a las obligaciones legislativas impuestas por la UE en este campo, si bien, el Ministro de Justicia ha manifestado su voluntad de impulsar este mecanismo" ha señalado Azkarraga.










