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Barakaldo estrena un novedoso servicio de mediadores para conflictos penales
Los expertos intervendrán cuando lo soliciten la víctima y el infractor para ayudarles a alcanzar un acuerdo
Exterior del Palacio de Justicia de Barakaldo. / FERNANDO GÓMEZ
Barakaldo es el primer municipio de España que cuenta con la figura del mediador penal en sus juzgados. Se trata de un profesional especializado que intervendrá en las denuncias que enfrenten a dos o más personas adultas con el objetivo de resolver estos conflictos mediante el diálogo y el acuerdo entre las partes. El nuevo servicio ha sido desarrollado por la dirección de ejecución penal del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, en colaboración con la Fiscalía y los órganos judiciales de la localidad vizcaína.
El mediador penal va a permitir a Euskadi situarse «en la órbita de los países avanzados de Europa», según destacó ayer el consejero Joseba Azkarraga. En su opinión, la iniciativa supone una mejora en la «humanización de la Justicia penal, así como una mayor satisfacción de las víctimas». Paulatinamente se crearán entes de intervención en conflictos penales en otros partidos judiciales.
En Barakaldo el nuevo servicio jurídico cuenta con tres profesionales con reconocida experiencia en este ámbito, que provienen del centro universitario de transformaciones de conflictos Geuz. Los mediadores actuarán cuando exista una pugna con trascendencia penal entre dos o más personas, y su misión consistirá en ayudar al infractor y a la víctima a solucionar el problema. En la resolución del problema también intervendrá el órgano judicial, en cuyas manos quedará la aprobación o no del acuerdo alcanzado.
Reducción de condena
La participación del mediador será, en cualquier caso, una medida voluntaria. Cuando se entienda que la falta es susceptible de utilizar el servicio, se comunicará la posibilidad a las partes implicadas, quienes tendrán la posibilidad de rechazar su intervención en el proceso. No obstante, la figura jurídica implica una serie de ventajas para los acusados, como la reducción de la condena. «Es posible que el infractor vea rebajada su pena por haber reparado el daño, y que la víctima se sienta compensada material y moralmente», explicó Azkarraga.
Éstos no son los únicos beneficios que observa el consejero en la puesta en marcha de la mediación penal para adultos. La comunicación entre las partes, la responsabilización del infractor por la compensación del daño causado y la disminución de la carga de trabajo en los juzgados son otras de las posibilidades que se abren con la nueva medida. «Se trata, en definitiva, de seguir orientando el sistema penal hacia una mayor satisfacción de las víctimas», afirmó.
Esta nueva práctica responde además a un imperativo legal de la Unión Europea, tal y como se establece en el Estatuto de la Víctima de 2001. «El Estado español aún no ha hecho frente a las obligaciones impuestas por la Unión Europea en este campo, si bien el Ministro de Justicia ha manifestado su voluntad de impulsar este mecanismo», anunció el dirigente de EA.
El mediador penal va a permitir a Euskadi situarse «en la órbita de los países avanzados de Europa», según destacó ayer el consejero Joseba Azkarraga. En su opinión, la iniciativa supone una mejora en la «humanización de la Justicia penal, así como una mayor satisfacción de las víctimas». Paulatinamente se crearán entes de intervención en conflictos penales en otros partidos judiciales.
En Barakaldo el nuevo servicio jurídico cuenta con tres profesionales con reconocida experiencia en este ámbito, que provienen del centro universitario de transformaciones de conflictos Geuz. Los mediadores actuarán cuando exista una pugna con trascendencia penal entre dos o más personas, y su misión consistirá en ayudar al infractor y a la víctima a solucionar el problema. En la resolución del problema también intervendrá el órgano judicial, en cuyas manos quedará la aprobación o no del acuerdo alcanzado.
Reducción de condena
La participación del mediador será, en cualquier caso, una medida voluntaria. Cuando se entienda que la falta es susceptible de utilizar el servicio, se comunicará la posibilidad a las partes implicadas, quienes tendrán la posibilidad de rechazar su intervención en el proceso. No obstante, la figura jurídica implica una serie de ventajas para los acusados, como la reducción de la condena. «Es posible que el infractor vea rebajada su pena por haber reparado el daño, y que la víctima se sienta compensada material y moralmente», explicó Azkarraga.
Éstos no son los únicos beneficios que observa el consejero en la puesta en marcha de la mediación penal para adultos. La comunicación entre las partes, la responsabilización del infractor por la compensación del daño causado y la disminución de la carga de trabajo en los juzgados son otras de las posibilidades que se abren con la nueva medida. «Se trata, en definitiva, de seguir orientando el sistema penal hacia una mayor satisfacción de las víctimas», afirmó.
Esta nueva práctica responde además a un imperativo legal de la Unión Europea, tal y como se establece en el Estatuto de la Víctima de 2001. «El Estado español aún no ha hecho frente a las obligaciones impuestas por la Unión Europea en este campo, si bien el Ministro de Justicia ha manifestado su voluntad de impulsar este mecanismo», anunció el dirigente de EA.
