No se olvidó el alcalde de recordar que la misma ley también permite el desalojo de la oposición de esas empresas, aunque se trate de una opción descartada en Bilbao. «Eso ha ocurrido en Madrid, donde Gallardón no se anda con tonterías», explicó gráficamente.
A su juicio, el nuevo equilibrio de fuerzas garantiza el poder de decisión al Ejecutivo y evitará que sucedan «cosas peregrinas» en los consejos, en alusión a que los grupos de la oposición inclinen a veces la balanza de las votaciones.
En declaraciones a 'Radio Euskadi', Azkuna respondió a las críticas de populares y socialistas, quienes acusaron al Gobierno de «repartirse el poder» en las sociedades municipales por haber primado «los lazos familiares y políticos» en los nombramientos. El alcalde indicó que las acusaciones del portavoz del PP, Antonio Basagoiti, sobre un eventual clientelismo político son de «viborilla».
Asimismo, defendió «el derecho» de su socio de gobierno (EB) a designar a quien considere oportuno. En este sentido, reconoció sin mayor problema que la ex concejal de EB Carmen García y que un hermano del delegado de Empleo, Jon Sustatxa, serán vocales. La importancia de estos puestos está en la labor de control y decisión, más que en la retribución económica -cubierta con dietas por consejo cuya cuantía ronda los 60 euros-. «¿En la Renfe, Feve e Iberia, cuando era pública, quienes estaban, los de la oposición?», se preguntó Azkuna con ironía.
Bilbao, «ciudad segura»
Por otra parte, el alcalde anunció que el Ayuntamiento no tirará la toalla si el juez que instruye el 'caso de la pasarela de Calatrava' avala al arquitecto. «Si no ganamos, recurriremos, casi con toda seguridad», adelantó en un tono mucho más moderado que en anteriores declaraciones. Azkuna dijo que el Consistorio no pidió la comparecencia del autor en el juicio porque «no nos interesa».
Sobre el asesinato de una mujer en la discoteca 'Fania', reiteró que Bilbao es «una ciudad segura», donde los homicidios «se cuentan con los dedos de una mano» al año. Además, adelantó su disposición a «cerrar» los locales que den problemas de convivencia.










