
El conflicto se desató en 2005, cuando las obras de la promoción ya estaban avanzadas. El Ayuntamiento, entonces en manos del PNV, denunció la existencia de irregularidades urbanísticas, apoyándose en un informe de un técnico externo. Los trabajos se paralizaron y el arquitecto municipal responsable de haber dado el visto bueno al planeamiento fue llevado al Juzgado de lo Penal. La causa contra el técnico sigue abierta.
En mayo de este año, un juez admitió la existencia de irregularidades. Entre ellas, que se había superado la edificabilidad permitida por el PGOU. El magistrado también apreciaba otras infracciones en la adquisición de subsuelo de vial público y en el proyecto de reparcelación. No obstante, el auto apuntaba que la solución al conflicto podría haber llegado de la mano de una modificación urbanística puntual. Y ése es precisamente el punto clave del convenio que se aprobará hoy.
Además, el Ayuntamiento se compromete a no iniciar expediente sancionador contra la promotora o contra los técnicos a su servicio que elaboraron el estudio de detalle, el mismo que permitió el desarrollo del bloque.
Cesiones y renuncias
Por su parte, la constructora y los propietarios renuncian a pedir indemnizaciones al Consistorio por los daños y perjuicios causados. Según adelantó un portavoz municipal, a cambio del incremento en metros cuadrados del edificio, la constructora, «en compensación por el perjuicio causado al interés público», entregará al municipio 6.500 metros cuadrados y un local.
Las 20 familias afectadas de Arizgoiti no podían ayer disimular su alegría. «Estamos muy ilusionados», dijo un portavoz. Eso sí, prefieren ser cautos porque «ha habido muchos altibajos en estos años; estamos expectantes».










