En una resolución dictada el pasado 19 de julio, la juez sostiene que el patronato de la ONG, en el que figuran el cuñado de Gamarra, otros cuatro familiares y una amiga íntima de la familia, pueden seguir recibiendo instrucciones del ex presidente, en prisión provisional desde el pasado mes de marzo por una presunta apropiación de tres millones de euros.
La juez acusa al patronato de la ONG de haber incumplido sus obligaciones al haber permitido que dos directivos despedidos por haberse apropiado de un millón de euros recibiesen además una compensación de 312.804 euros. La actual dirección tampoco se opuso a que "un porcentaje muy importante" del dinero recibido se haya invertido en fondos y sociedades de acciones "sin ningún fin social", además de "múltiples inversiones financieras en fondos FM y FIAM en diferentes entidades financieras".
En este sentido, advierte además de que "no existía proporción alguna" entre los donativos, subvenciones y herencias que recibía la ONG y las cantidades invertidas en proyectos sociales. Por último, recuerda que el patronato consintió la creación del Departamento de Logística, al que se destinaron "importantes sumas de dinero que prevenía de donativos".







