NERVIÓN/IBAIZABAL
El PNV presentará varias alegaciones al convenio de los pisos de Arizgoiti
El equipo de gobierno adelantó ayer que otorgará una nueva licencia a la promotora el próximo mes de septiembre y que las obras finalizarán en abril
28.07.07 -
Jasone Valle.
El PNV anunció ayer que presentará alegaciones al convenio alcanzado entre el equipo de gobierno de Basauri (PSE-PP), vecinos y la promotora de los pisos paralizados de Arizgoiti. Este acuerdo inicial entre las partes afectadas fue presentado el jueves en pleno y está apoyado por todos los partidos políticos, a excepción de la formación jeltzale. Según su portavoz, Jasone Valle, el convenio no respeta la legalidad y crea «un precedente peligrosísimo».
El PNV asegura que el documento supone una pérdida para las arcas municipales de más de 1,6 millones de euros. «La promotora, que debería resultar perjudicada, es la única que se beneficia. Aquí, el único que pierde con este convenio es el propio municipio», advirtió la edil nacionalista. Valle también quiso recordar que en enero de 2006 su partido, que entonces gobernada en el Ayuntamiento, intentó firmar un acuerdo para reanudar las obras. «Nosotros fuimos inflexibles en respetar la legalidad y entonces fueron los vecinos los que se negaron porque no estaban de acuerdo con las condiciones que imponíamos», puntualizó.
El acuerdo supone la legalización de la promoción, en cuyo desarrollo existieron, según un juez, irregularidades urbanísticas. No obstante, el propio magistrado advirtió que la situación podría solventarse con una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística. Es precisamente ese trámite, que debe ser llevado a cabo por el Ayuntamiento, uno de los puntos claves del convenio.
La actual alcaldesa socialista, Loly de Juan, rechazó ayer los argumentos negativos esgrimidos por el Partido Nacionalista VAsco. «Todo está en regla, tenemos documentos técnicos y jurídicos que avalan su legitimidad. El PNV está frustrado porque nosotros hemos solucionado en dos meses lo que ellos no han podido en dos años», sentenció. En esta misma afirmación coincidió también su socio en el gobierno, José Mari Agüeros, portavoz de Partido Popular.
«Es la salida más satisfactoria para todos y debería haber llegado mucho antes. El daño económico y moral es muy superior a las condiciones que hemos pactado. No hay que olvidar que tenemos unas 15 causas judiciales abiertas, con los gastos que ello conlleva para el Consistorio», recalcó el popular.
Los propietarios
Además, el equipo de gobierno anunció que espera poder resolver las alegaciones que se presenten para el próximo pleno del 6 de septiembre. «Daremos una nueva licencia a la promotora para que reanude las obras y pueda acabarlas en abril. Mientras tanto, en esos seis meses, realizaremos la modificación puntual del plan general para no perder más tiempo», adelantó la alcaldesa.
Ezker Batua-Aralar y Eusko Alkartasuna también quisieron mostrar ayer su apoyo a este pacto. «Creemos que sobran las razones para este 'sí'. La más importante, las 19 familias que se han visto injustamente privadas de su vivienda durante más de dos años», señaló Arturo Muñoz de EB, apoyado por Álex Cerdeño, ex concejal de EA.
Los propietarios afectados por la paralización de las obras, que se alarga más de dos años, también expresaron su alegría. «Tenía que haber llegado antes», resumió Ana María Otazua, una de sus portavoces. Las veinte familias han renunciado, merced al convenio, a pedir cualquier tipo de indemnización.
El PNV asegura que el documento supone una pérdida para las arcas municipales de más de 1,6 millones de euros. «La promotora, que debería resultar perjudicada, es la única que se beneficia. Aquí, el único que pierde con este convenio es el propio municipio», advirtió la edil nacionalista. Valle también quiso recordar que en enero de 2006 su partido, que entonces gobernada en el Ayuntamiento, intentó firmar un acuerdo para reanudar las obras. «Nosotros fuimos inflexibles en respetar la legalidad y entonces fueron los vecinos los que se negaron porque no estaban de acuerdo con las condiciones que imponíamos», puntualizó.
El acuerdo supone la legalización de la promoción, en cuyo desarrollo existieron, según un juez, irregularidades urbanísticas. No obstante, el propio magistrado advirtió que la situación podría solventarse con una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística. Es precisamente ese trámite, que debe ser llevado a cabo por el Ayuntamiento, uno de los puntos claves del convenio.
La actual alcaldesa socialista, Loly de Juan, rechazó ayer los argumentos negativos esgrimidos por el Partido Nacionalista VAsco. «Todo está en regla, tenemos documentos técnicos y jurídicos que avalan su legitimidad. El PNV está frustrado porque nosotros hemos solucionado en dos meses lo que ellos no han podido en dos años», sentenció. En esta misma afirmación coincidió también su socio en el gobierno, José Mari Agüeros, portavoz de Partido Popular.
«Es la salida más satisfactoria para todos y debería haber llegado mucho antes. El daño económico y moral es muy superior a las condiciones que hemos pactado. No hay que olvidar que tenemos unas 15 causas judiciales abiertas, con los gastos que ello conlleva para el Consistorio», recalcó el popular.
Los propietarios
Además, el equipo de gobierno anunció que espera poder resolver las alegaciones que se presenten para el próximo pleno del 6 de septiembre. «Daremos una nueva licencia a la promotora para que reanude las obras y pueda acabarlas en abril. Mientras tanto, en esos seis meses, realizaremos la modificación puntual del plan general para no perder más tiempo», adelantó la alcaldesa.
Ezker Batua-Aralar y Eusko Alkartasuna también quisieron mostrar ayer su apoyo a este pacto. «Creemos que sobran las razones para este 'sí'. La más importante, las 19 familias que se han visto injustamente privadas de su vivienda durante más de dos años», señaló Arturo Muñoz de EB, apoyado por Álex Cerdeño, ex concejal de EA.
Los propietarios afectados por la paralización de las obras, que se alarga más de dos años, también expresaron su alegría. «Tenía que haber llegado antes», resumió Ana María Otazua, una de sus portavoces. Las veinte familias han renunciado, merced al convenio, a pedir cualquier tipo de indemnización.
