VIZCAYA
La Diputación cita a las primeras 350 familias para empezar a aplicar la Ley de Dependencia
Espera abonar en agosto las prestaciones económicas, principal novedad del catálogo de servicios en Vizcaya La «avalancha» de solicitudes retrasa su tramitación
28.07.07 -
ATENCIÓN. Una comisión técnica determina el grado de dependencia del paciente para fijar las ayudas que recibirán posteriormente los familiares. / NURIA GONZÁLEZ
EL PROCESO
La Ley de Dependencia pronto tendrá nombres y apellidos en Vizcaya. La Diputación ha empezado a citar esta semana a 350 familias para definir los servicios que les corresponden, una vez completado el proceso de valoración. Lo más novedoso es la concesión de ayudas económicas a los cuidadores, y se espera abonar las primeras cantidades a partir de agosto. Todavía se desconoce el número exacto de beneficiarios, aunque las prestaciones se cubrirán con créditos ampliables «porque responden a un derecho».
«Vamos a ver cómo se comporta la demanda», afirma el diputado de Acción Social, Juan María Aburto. La normativa ha generado expectación y una «avalancha de peticiones» en su departamento. La primera se presentó el 25 de mayo, apenas un mes después de la publicación del decreto que establece el baremo para medir la dependencia, y ya se han recibido 2.190. Se calcula que sólo la mitad hacen referencia a grandes dependientes, los únicos que podrán acceder a las mejoras que contempla la ley en esta primera fase. Se trata de personas que necesitan «apoyo permanente» en las tareas básicas de la vida cotidiana.
Aunque han contratado a quince trabajadores más para agilizar los trámites, los responsables forales reconocen que «se está tardando en resolver los expedientes». Las valoraciones suponen «un doble trabajo», ya que, además del baremo que ha introducido el Gobierno central, se sigue aplicando el que aprobaron las diputaciones. Si sólo se tuviera en cuenta el criterio de la Ley de Dependencia, «hay gente que quedaría fuera del sistema», explica Aburto.
En la actualidad ya se han resuelto 304 expedientes -que corresponden a personas ya atendidas en centros forales-, y se ha completado la valoración de otros 700 casos. Todas las semanas se celebra una comisión técnica en la que, con estos informes sobre la mesa, se determina el grado de dependencia de cada persona. A partir de ahí comienzan las citas con las familias para establecer un plan individual de atención.
En esta fase del proceso se encuentran ya 350 vizcaínos. La oferta de servicios incluye residencias, centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio, además de las ayudas económicas. Los decretos aprobados por la Diputación contemplan cantidades «idénticas» a las que recoge la ley: 780 o 585 euros al mes para la contratación de un asistente personal y 487 o 390 para cuidadores informales en el domicilio familiar.
Las ayudas tendrán carácter universal -sin tener en cuenta los niveles de renta- siempre que se cumpla el requisito fundamental: reunir más de 75 puntos en el baremo de la dependencia. «En los países europeos donde se han implantado al principio hay un 'boom' y luego la demanda se va asentando», dice Aburto. En cuanto a las residencias para personas mayores, considera que las 4.000 plazas públicas disponibles y las que está previsto crear «van a ser suficientes» para dar respuesta a las necesidades.
En estos momentos hay un centenar de personas en lista de espera. En los ingresos se está dando prioridad a las estancias temporales y a las situaciones de urgencia. Además de atender las solicitudes, el Departamento de Acción Social está haciendo nuevas valoraciones a 6.000 usuarios de residencias y centros de día. Ya se han actualizado 900 de esos expedientes. Y se han enviado cartas a 800 vizcaínos con discapacidad que se acogen a ventajas fiscales o en las tarjetas de transporte pero no reciben prestaciones. Ahora podrán beneficiarse de una ley «que ya está en marcha» y que en Vizcaya deberá completar su desarrollo para 2010.
«Vamos a ver cómo se comporta la demanda», afirma el diputado de Acción Social, Juan María Aburto. La normativa ha generado expectación y una «avalancha de peticiones» en su departamento. La primera se presentó el 25 de mayo, apenas un mes después de la publicación del decreto que establece el baremo para medir la dependencia, y ya se han recibido 2.190. Se calcula que sólo la mitad hacen referencia a grandes dependientes, los únicos que podrán acceder a las mejoras que contempla la ley en esta primera fase. Se trata de personas que necesitan «apoyo permanente» en las tareas básicas de la vida cotidiana.
Aunque han contratado a quince trabajadores más para agilizar los trámites, los responsables forales reconocen que «se está tardando en resolver los expedientes». Las valoraciones suponen «un doble trabajo», ya que, además del baremo que ha introducido el Gobierno central, se sigue aplicando el que aprobaron las diputaciones. Si sólo se tuviera en cuenta el criterio de la Ley de Dependencia, «hay gente que quedaría fuera del sistema», explica Aburto.
En la actualidad ya se han resuelto 304 expedientes -que corresponden a personas ya atendidas en centros forales-, y se ha completado la valoración de otros 700 casos. Todas las semanas se celebra una comisión técnica en la que, con estos informes sobre la mesa, se determina el grado de dependencia de cada persona. A partir de ahí comienzan las citas con las familias para establecer un plan individual de atención.
En esta fase del proceso se encuentran ya 350 vizcaínos. La oferta de servicios incluye residencias, centros de día, teleasistencia y ayuda a domicilio, además de las ayudas económicas. Los decretos aprobados por la Diputación contemplan cantidades «idénticas» a las que recoge la ley: 780 o 585 euros al mes para la contratación de un asistente personal y 487 o 390 para cuidadores informales en el domicilio familiar.
Las ayudas tendrán carácter universal -sin tener en cuenta los niveles de renta- siempre que se cumpla el requisito fundamental: reunir más de 75 puntos en el baremo de la dependencia. «En los países europeos donde se han implantado al principio hay un 'boom' y luego la demanda se va asentando», dice Aburto. En cuanto a las residencias para personas mayores, considera que las 4.000 plazas públicas disponibles y las que está previsto crear «van a ser suficientes» para dar respuesta a las necesidades.
En estos momentos hay un centenar de personas en lista de espera. En los ingresos se está dando prioridad a las estancias temporales y a las situaciones de urgencia. Además de atender las solicitudes, el Departamento de Acción Social está haciendo nuevas valoraciones a 6.000 usuarios de residencias y centros de día. Ya se han actualizado 900 de esos expedientes. Y se han enviado cartas a 800 vizcaínos con discapacidad que se acogen a ventajas fiscales o en las tarjetas de transporte pero no reciben prestaciones. Ahora podrán beneficiarse de una ley «que ya está en marcha» y que en Vizcaya deberá completar su desarrollo para 2010.
