VIZCAYA
500 usuarios de residencias han firmado ya el reconocimiento de deuda
El sistema va a «dulcificarse», pero no a retirar, como pide el Gobierno vasco
28.07.07 -
En el desarrollo de la Ley de Dependencia «falta un decreto muy importante». La Diputación está a la espera de conocer las directrices del Gobierno central sobre el copago para acometer una reforma varias veces anunciada. El reconocimiento de deuda -que contempla el uso de la vivienda habitual como medio de pago de las residencias a la muerte del usuario- se va a «dulcificar», afirma Juan María Aburto. Ya son 527 vizcaínos los que han asumido este compromiso.
Los residentes llegan a pagar hasta el 90% del coste de la atención, un porcentaje que se rebajará en los próximos meses. En el borrador de la Ley de Dependencia este sistema «queda perfectamente salvado», afirma el diputado. Sin embargo, sí choca frontalmente con la Ley de Servicios Sociales que prepara el Gobierno vasco. Pese al rechazo del Departamento de Javier Madrazo, la institución foral sigue apostando por el reconocimiento de deuda, con el que asegura que «no se está esquilmando a nadie. Ya no hablamos de la vivienda habitual, porque cuando se aplica la persona propietaria ha fallecido. De lo que se trata es del derecho a la herencia», sentencia Aburto.
El responsable foral recibió la semana pasada una carta del consejero Madrazo en la que le anunciaba que el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales ha sido aprobado y las diputaciones tienen de plazo hasta el 14 de septiembre para presentar alegaciones. «Hasta ahora hablábamos de un borrador». A su juicio, el paso al frente del Ejecutivo supone «una deslealtad hacia el trabajo» de los gobiernos forales.
El anteproyecto «ni está consensuado ni tiene una memoria económica», añade el diputado de Acción Social. Sólo «cuatro párrafos» de uno de los borradores abordan la financiación. «Como siempre, no nos quedará otro remedio que cumplir la ley. Pero me resulta extraño que quien no paga los servicios sea quien haga la norma sin tener en cuenta a los que pagan», critica Aburto. El diputado confía en la «racionalidad» del debate parlamentario para alcanzar un acuerdo sobre una ley «que nos parece necesaria y muy importante. Compartimos con el Gobierno vasco la apuesta por reconocer los servicios sociales como un derecho subjetivo» y por eliminar las diferencias entre territorios históricos. Lo difícil será ponerse de acuerdo en el sistema de financiación.
Los residentes llegan a pagar hasta el 90% del coste de la atención, un porcentaje que se rebajará en los próximos meses. En el borrador de la Ley de Dependencia este sistema «queda perfectamente salvado», afirma el diputado. Sin embargo, sí choca frontalmente con la Ley de Servicios Sociales que prepara el Gobierno vasco. Pese al rechazo del Departamento de Javier Madrazo, la institución foral sigue apostando por el reconocimiento de deuda, con el que asegura que «no se está esquilmando a nadie. Ya no hablamos de la vivienda habitual, porque cuando se aplica la persona propietaria ha fallecido. De lo que se trata es del derecho a la herencia», sentencia Aburto.
El responsable foral recibió la semana pasada una carta del consejero Madrazo en la que le anunciaba que el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales ha sido aprobado y las diputaciones tienen de plazo hasta el 14 de septiembre para presentar alegaciones. «Hasta ahora hablábamos de un borrador». A su juicio, el paso al frente del Ejecutivo supone «una deslealtad hacia el trabajo» de los gobiernos forales.
El anteproyecto «ni está consensuado ni tiene una memoria económica», añade el diputado de Acción Social. Sólo «cuatro párrafos» de uno de los borradores abordan la financiación. «Como siempre, no nos quedará otro remedio que cumplir la ley. Pero me resulta extraño que quien no paga los servicios sea quien haga la norma sin tener en cuenta a los que pagan», critica Aburto. El diputado confía en la «racionalidad» del debate parlamentario para alcanzar un acuerdo sobre una ley «que nos parece necesaria y muy importante. Compartimos con el Gobierno vasco la apuesta por reconocer los servicios sociales como un derecho subjetivo» y por eliminar las diferencias entre territorios históricos. Lo difícil será ponerse de acuerdo en el sistema de financiación.
