VIZCAYA
Los afectados por los derribos en Cantabria exigen «menos gestos y más medidas institucionales»
Homenajearon a 3 fallecidos «que ya no verán que será de sus casas» en una marcha hasta Santander para exigir una solución «definitiva»
31.07.07 -
PROTESTA. Los afectados fueron recibidos ayer en el Parlamento cántabro. / DIARIO MONTAÑÉS
Están cansados de palabras y palmaditas en la espalda. Quieren que las instituciones se dejen de promesas y den los pasos para garantizar que sus viviendas no sean derribadas. Más de 300 miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) finalizaron ayer en la capital de Cantabria una marcha de dos días para exigir la solución definitiva a un problema que, desde hace más de una década, afecta a 4.000 personas. Entre ellos los tres propietarios fallecidos en el último año de litigio, que fueron homenajeados en el recorrido porque «ellos ya no verán que será de sus casas».
Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha. «Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso.
Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones. Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares.
Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional. «Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela.
Contactos en septiembre
La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre. Entonces analizarán juntos las vías de solución. Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados. «Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA.
En definitiva, los afectados, un 65% procedentes del País Vasco, temen que la tercera marcha reivindicativa de la asociación no logre otro resultado que apoyos verbales. «Más de lo mismo». «No pedimos a los políticos que lleven la pancarta, pero sí que se impliquen en la resolución definitiva de nuestro drama», protestaron.
Los 40 kilómetros a pie entre Argoños y Santander han supuesto una dura prueba física para los participantes en la marcha. «Muchos tienen ya una edad avanzada e incluso nos ha acompañado una persona en silla de ruedas», reconocía el presidente de la agrupación, Antonio Vilela. Pero, por encima del agotamiento, los afectados por los derribos se confesaban «tocados moralmente» con la «eternización» del proceso.
Tras años de esfuerzos, han removido los cimientos de las administraciones. Pero la realidad es que, a pesar de todo, cada día está más cerca la amenaza de la piqueta. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya ha ordenado que 22 casas en Arnuero y 20 en Argoños sean reducidas a escombros. Casi otro medio millar espera sentencias similares.
Ayer representantes de AMA se reunieron con el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio. Le propusieron crear una comisión mixta entre los ayuntamientos afectados, el Gobierno de Cantabria y la propia cámara regional. «Aunque no debe ser posible, se ha comprometido a reunirse con Miguel Ángel Revilla para buscar alternativas», explicó Vilela.
Contactos en septiembre
La asociación estuvo con la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Dolores Gorostiaga, y con el consejero de Vivienda, José María Mazón. Ambos emplazaron a los vecinos a retomar los contactos en septiembre. Entonces analizarán juntos las vías de solución. Entre ellas, el dirigente de Urbanismo retomó la idea de estudiar los aprovechamientos urbanísticos de los planeamientos de los pueblos afectados. «Eso está muy bien, pero necesita el respaldo financiero suficiente», matizaron desde AMA.
En definitiva, los afectados, un 65% procedentes del País Vasco, temen que la tercera marcha reivindicativa de la asociación no logre otro resultado que apoyos verbales. «Más de lo mismo». «No pedimos a los políticos que lleven la pancarta, pero sí que se impliquen en la resolución definitiva de nuestro drama», protestaron.
