«Esperamos tener la nueva legislación antes de que finalice el año», anunció el concejal de Obras y Servicios, Félix Gonzalo. La ordenanza persigue evitar que la venta de estas casas sirva de negocio. «La pasada legislatura, venían incluso inmobiliarias a pedirnos cuatro licencias por semana y eso era muy sospechoso», recordó el edil. El asunto motivó serias discrepancias entre la formación de izquierdas y su anterior socio en el Ejecutivo, el PNV. Hasta el punto de que EB dejó de apoyar la concesión de este permiso administrativo en las juntas de gobierno.
Ahora comparte la misma idea con el partido socialista. «No se puede permitir que unos inmuebles que se compran por 15.000 euros se vendan reformados por más de 200.000», se quejó Gonzalo. Por eso, la normativa fijará un precio máximo para las lonjas. Pero no será ésta la única limitación que impondrá la ley. La ubicación de este tipo de viviendas deberá alejarse de las zonas comerciales. Y es que locales que servían de tiendas han dado paso a pisos, por lo que el número de establecimientos se ha visto afectado.
Pacto de gobierno
Por último, se primará el uso social al dar la licencia de obra. «No es lo mismo que lo usen ancianos con problemas de movilidad que otras personas», aseveró el edil.
Esta medida es uno de los compromisos del pacto alcanzado entre PSE-EE y EB. En cualquier caso, ambos son conscientes de que carecen de mayoría en el pleno y por eso el alcalde, José Luis Marcos Merino, recordó ayer que el Ejecutivo «está abierto a que se incorpore una nueva fuerza política con el fin de garantizar la estabilidad».










