LA RIOJA
89 menores iniciaron condenas de prestación de servicios en 2006
Contando los que cumplían sus sanciones desde años anteriores, un total de 137 realizaron trabajos en entidades públicas y sin ánimo de lucro en La Rioja Los castigos más habituales fueron el mantenimiento del mobiliario urbano y la atención de personas
05.08.07 -
ENTRE PAREDES. Un joven juega a baloncesto en el patio de un centro de menores. / EL CORREO
LOS DATOS EN 2006
LOS DATOS
No hay penas sino medidas y no son de privación de libertad sino de carácter educativo. Ésta es la idea que distingue de forma fundamental el proceso judicial ordinario de aquel donde el acusado es un menor de edad. La traducción práctica son distintos trabajos para la comunidad (limpiar parques, cuidar ancianos, por ejemplo), obligación de acudir al colegio, cursos formativos o control y seguimiento semanal, conocido como libertad vigilada.
Durante 2006 en La Rioja, 89 menores de 18 años comenzaron a cumplir sus condenas de prestación de servicios a la comunidad, según datos de la memoria de Fundación Pioneros, entidad que gestiona estas medidas en la región. En total, fueron 137 menores los que realizaron trabajos de esta índole en entidades públicas y sin ánimo de lucro en 2006, si se cuentan aquellos que cumplían condena desde años anteriores.
Por su parte, la Fiscalía de Menores emitió un total de 100 condenas de prestaciones en beneficio de la comunidad, aunque cabe reseñar que estos datos no tienen correlación exacta con los anteriores, por atenerse a trámites y plazos distintos. Las medidas de cumplimiento de servicios constituyen la sentencia más habitual en los procesos judiciales a menores que han cometido pequeñas faltas.
Precisamente debido a su corta edad, la ley parte de la base de que una pena de privación de libertad puede resultar demasiado agresiva e incluso traumática. Además, según indica la Fiscalía de Menores de La Rioja, «en sus sanciones no se tiene tanto en cuenta la calificación jurídica de los hechos, sino las circunstancias del menor, si estudia, trabaja, no hace nada o tiene más expedientes». Esto significa que «para un mismo hecho puede haber dos respuestas distintas».
Relación con el hecho
Fundación Pioneros es la entidad que gestiona en La Rioja los expedientes de este tipo emitidos por la Fiscalía. El primer paso de su cumplimiento es una entrevista personal con el menor y un tutor, «donde se establece el marco de trabajo y los métodos y normas», indica Belén Maiso, directora del Programa de Medidas Judiciales a Menores de este organismo.
Las medidas más habituales tienen que ver con el mantenimiento del mobiliario urbano y la atención de personas. El principio básico es que «el menor cumpla una prestación relacionada con el daño que ha causado», indica Maiso. Por ejemplo, limpieza de parques si ha cometido destrozos en uno, o bien cuidado de ancianos si su delito ha tenido que ver con lesiones físicas.
El joven cumple estas obligaciones en diversas entidades públicas dependientes de Ayuntamientos (en Logroño, por ejemplo, Las Norias, el Adarraga, el Palacio de los Deportes o las ludotecas municipales) o bien en aquellas sin ánimo de lucro que colaboran con el Gobierno de La Rioja, como AFA, Cocina Económica, El Trastero, ASPACE, Cáritas-Chavicar o La Calle Activa.
Asimismo, la asignación del trabajo correspondiente también tiene en cuenta otros factores como los horarios laborales o escolares del menor, o la cercanía a su lugar de residencia, según indica Maiso. El proceso se completa con un seguimiento continuo del cumplimiento de esta medida.
Desestructuración
El consumo de drogas y la desestructuración familiar son los dos factores que se repiten con mayor asiduidad en los casos de condenas de este tipo, según la Fiscalía de Menores. «Muchas veces se ve un entorno familiar desestructurado, una educación permisiva con poca disciplina y personalidad y abandono escolar», dicen.
Como ejemplos, citan casos de parejas formadas por dos personas separadas, con hijos de ambas partes «que muchas veces se ven desatendidos». A este factor familiar se suma «que el consumo de drogas es cada vez más generalizado y también más prematuro». Asimismo, los organismos consultados coinciden en señalar el incremento progresivo de jóvenes de procedencia extranjera presentes en estos procesos.
Los servicios sociales alertan de que su labor por sí sola «no basta, pues el apoyo familiar es imprescindible». Con todo, desde la Fundación Pioneros se considera «efectiva» la medida de la prestación de servicios sociales: «los chicos la ven como algo positivo, por lo que tiene sentido», señala Maiso. También, hace referencia a los bajos niveles de reincidencia y a que, «en los casos de personas de 16 y 17 años que tienen su primer contacto con el poder judicial, para la mayoría también es el último».
Durante 2006 en La Rioja, 89 menores de 18 años comenzaron a cumplir sus condenas de prestación de servicios a la comunidad, según datos de la memoria de Fundación Pioneros, entidad que gestiona estas medidas en la región. En total, fueron 137 menores los que realizaron trabajos de esta índole en entidades públicas y sin ánimo de lucro en 2006, si se cuentan aquellos que cumplían condena desde años anteriores.
Por su parte, la Fiscalía de Menores emitió un total de 100 condenas de prestaciones en beneficio de la comunidad, aunque cabe reseñar que estos datos no tienen correlación exacta con los anteriores, por atenerse a trámites y plazos distintos. Las medidas de cumplimiento de servicios constituyen la sentencia más habitual en los procesos judiciales a menores que han cometido pequeñas faltas.
Precisamente debido a su corta edad, la ley parte de la base de que una pena de privación de libertad puede resultar demasiado agresiva e incluso traumática. Además, según indica la Fiscalía de Menores de La Rioja, «en sus sanciones no se tiene tanto en cuenta la calificación jurídica de los hechos, sino las circunstancias del menor, si estudia, trabaja, no hace nada o tiene más expedientes». Esto significa que «para un mismo hecho puede haber dos respuestas distintas».
Relación con el hecho
Fundación Pioneros es la entidad que gestiona en La Rioja los expedientes de este tipo emitidos por la Fiscalía. El primer paso de su cumplimiento es una entrevista personal con el menor y un tutor, «donde se establece el marco de trabajo y los métodos y normas», indica Belén Maiso, directora del Programa de Medidas Judiciales a Menores de este organismo.
Las medidas más habituales tienen que ver con el mantenimiento del mobiliario urbano y la atención de personas. El principio básico es que «el menor cumpla una prestación relacionada con el daño que ha causado», indica Maiso. Por ejemplo, limpieza de parques si ha cometido destrozos en uno, o bien cuidado de ancianos si su delito ha tenido que ver con lesiones físicas.
El joven cumple estas obligaciones en diversas entidades públicas dependientes de Ayuntamientos (en Logroño, por ejemplo, Las Norias, el Adarraga, el Palacio de los Deportes o las ludotecas municipales) o bien en aquellas sin ánimo de lucro que colaboran con el Gobierno de La Rioja, como AFA, Cocina Económica, El Trastero, ASPACE, Cáritas-Chavicar o La Calle Activa.
Asimismo, la asignación del trabajo correspondiente también tiene en cuenta otros factores como los horarios laborales o escolares del menor, o la cercanía a su lugar de residencia, según indica Maiso. El proceso se completa con un seguimiento continuo del cumplimiento de esta medida.
Desestructuración
El consumo de drogas y la desestructuración familiar son los dos factores que se repiten con mayor asiduidad en los casos de condenas de este tipo, según la Fiscalía de Menores. «Muchas veces se ve un entorno familiar desestructurado, una educación permisiva con poca disciplina y personalidad y abandono escolar», dicen.
Como ejemplos, citan casos de parejas formadas por dos personas separadas, con hijos de ambas partes «que muchas veces se ven desatendidos». A este factor familiar se suma «que el consumo de drogas es cada vez más generalizado y también más prematuro». Asimismo, los organismos consultados coinciden en señalar el incremento progresivo de jóvenes de procedencia extranjera presentes en estos procesos.
Los servicios sociales alertan de que su labor por sí sola «no basta, pues el apoyo familiar es imprescindible». Con todo, desde la Fundación Pioneros se considera «efectiva» la medida de la prestación de servicios sociales: «los chicos la ven como algo positivo, por lo que tiene sentido», señala Maiso. También, hace referencia a los bajos niveles de reincidencia y a que, «en los casos de personas de 16 y 17 años que tienen su primer contacto con el poder judicial, para la mayoría también es el último».
