Según la Federación de Consumidores en Acción (Facua), el laudo arbitral considera que Movistar pretende «enriquecerse injustamente» de esa manera, pues al subir las tarifas modificó de forma unilateral las condiciones que había pactado inicialmente con sus clientes. Por el momento, la empresa ha preferido no hacer declaraciones.
El usuario, José Antonio T.S.G., había adquirido un terminal a un precio bonificado a cambio de permanecer un año y medio en Movistar, una práctica que, según Facua, «resulta contraria a su derecho a darse de baja 'sin penalización alguna', que está reconocido en el artículo 107 del Real Decreto 424/2005, de 15 de abril».
El laudo, que tiene el mismo peso que una sentencia judicial, no es vinculante para otras juntas arbitrales, pero tiene trascendencia debido al importante número de reclamaciones planteadas en los meses de febrero y marzo. Esas reclamaciones son una respuesta de muchos usuarios a las penalizaciones aplicadas por las compañías a quienes pidieron la baja cuando les impusieron fuertes subidas tarifarias. Esos incrementos fueron decididos después de que las autoridades establecieran que no se puede recurrir «a los redondeos al alza en la facturación».








