LA RIOJA
La Junta Arbitral riojana del Transporte ha tramitado 121 demandas entre 2005 y 2006
10.08.07 -
Sáinz Yangüela, tras la rueda de prensa celebrada ayer. / R. L.
El director general de Transportes del Gobierno de La Rioja, Ángel Sáinz Yangüela, informó ayer de que la Junta Arbitral de Transporte ha tramitado 121 demandas en los últimos dos años. La mayoría, 96, versaban sobre cuestiones referidas al transporte de mercancías y el resto, al de viajeros.
En lo que va de año, dijo, han sido presentadas 29 demandas, de las cuales 16 ya han sido resueltas, catorce mediante un dictamen de la Junta, conocido como laudo, una por desistimiento de la parte demandante y otra más por acuerdo.
Sáinz Yangüela explicó que este órgano, dependiente de la Dirección General de Transporte, «lleva quince años funcionando y, sin embargo, es bastante desconocido». A pesar de ello, apuntó que el Gobierno de La Rioja es «consciente de su eficacia como un elemento que contribuye a agilizar y evitar la judicialización de las controversias que pueden surgir en el ámbito del transporte».
Su objetivo, apuntó, es «establecer un canal adecuado de mediación, facilitar un proceso extrajudicial ágil, rápido, gratuito y de obligado cumplimiento por las partes para solventar las demandas, incluso las más pequeñas, y garantizar la legalidad en la resolución de conflictos y quejas».
Las Juntas están compuestas por un presidente licenciado en Derecho, entre dos y cuatro vocales y un secretario, designados por la Dirección General de Transportes. El objeto de la controversia entre las partes, añadió, «nunca puede superar los 6.000 euros».
Como anécdota, Sáinz Yangüela indicó que, en este momento, «existe una demanda pendiente sobre una cantidad de ocho euros». En esta línea, explicó que, aunque la labor del órgano conlleva unos gastos «muy superiores», es «importante la existencia de esas pequeñas demandas para garantizar la legalidad y la transparencia».
Al contrario que en las Juntas Arbitrales de Consumo, dijo, en las que siempre media el interés de un consumidor, «aquí también pueden darse controversias entre dos empresas».
En lo que va de año, dijo, han sido presentadas 29 demandas, de las cuales 16 ya han sido resueltas, catorce mediante un dictamen de la Junta, conocido como laudo, una por desistimiento de la parte demandante y otra más por acuerdo.
Sáinz Yangüela explicó que este órgano, dependiente de la Dirección General de Transporte, «lleva quince años funcionando y, sin embargo, es bastante desconocido». A pesar de ello, apuntó que el Gobierno de La Rioja es «consciente de su eficacia como un elemento que contribuye a agilizar y evitar la judicialización de las controversias que pueden surgir en el ámbito del transporte».
Su objetivo, apuntó, es «establecer un canal adecuado de mediación, facilitar un proceso extrajudicial ágil, rápido, gratuito y de obligado cumplimiento por las partes para solventar las demandas, incluso las más pequeñas, y garantizar la legalidad en la resolución de conflictos y quejas».
Las Juntas están compuestas por un presidente licenciado en Derecho, entre dos y cuatro vocales y un secretario, designados por la Dirección General de Transportes. El objeto de la controversia entre las partes, añadió, «nunca puede superar los 6.000 euros».
Como anécdota, Sáinz Yangüela indicó que, en este momento, «existe una demanda pendiente sobre una cantidad de ocho euros». En esta línea, explicó que, aunque la labor del órgano conlleva unos gastos «muy superiores», es «importante la existencia de esas pequeñas demandas para garantizar la legalidad y la transparencia».
Al contrario que en las Juntas Arbitrales de Consumo, dijo, en las que siempre media el interés de un consumidor, «aquí también pueden darse controversias entre dos empresas».
