Tras los apagones y el caos ferroviario
El caos en los servicios convulsiona el primer aniversario del Estatut
Saura, presidente en funciones de la Generalitat, reprocha a la ministra de Fomento no «dar más la cara»
IMPOTENCIA. Un nutrido grupo de ciudadanos espera en la estación de Sants la resolución de los problemas ferroviarios. / EFE
OTRAS OPINIONES
La Generalitat y los partidos políticos catalanes pusieron ayer los gravísimos problemas de infraestructuras que en las últimas semanas han convulsionado a la comunidad como prueba de la validez o las carencias del nuevo Estatut, que cumplió su primer aniversario.
El conseller de Interior, Joan Saura, líder de ICV y presidente en funciones del Gobierno autonómico al encontrarse el socialista José Montilla de vacaciones fuera de Cataluña, hizo un balance positivo del texto estatutario y recalcó que su progresiva aplicación permitirá afrontar la falta de inversiones en servicios como las Cercanías de Renfe, que serán gestionadas por la Generalitat. La situación vivida estos pasados días, enfatizó, «no podrá volver a pasar», ya que, por primera vez, se «fija el cupo de inversiones» estatales en Cataluña.
Saura reprochó a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que no haya dado «más la cara» en Cataluña, y que su visita del pasado martes a Barcelona fuera «de imagen» y se «fuera corriendo», sin aportar soluciones salvo pedir paciencia a los ciudadanos. «No trajo ninguna solución, no dijo nada, vino y se fue», resumió.
Uno de los partidos que sustentan el tripartito catalán, ERC, y dos de la oposición -el PP y Ciutadans- aprovecharon los apagones y el caos ferroviario para subrayar las deficiencias del Estatut, aunque cada uno desde su propia óptica. Para el republicano Joan Ridao, el texto sería «bueno para una región de España, pero no para una nación de Europa». El nuevo presidente del PP catalán, Daniel Sirera, sentenció que «los que impulsaron el nuevo Estatut nos engañaron, porque nos dijeron que se acabarían los problemas y la situación cada vez es peor»; al tiempo, pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie cuanto antes sobre la legalidad del texto. En la misma línea, el dirigente de Ciutadans José Domingo ironizó con la «maldición» a la que está sometida Cataluña desde la aprobación del Estatut en forma de «plagas» como «apagones o colas».
Mientras, el resto de las formaciones -los convergentes y los otros dos grupos del Ejecutivo, socialistas e ICV-EUIA- ven la nueva 'Carta Magna' catalana como la herramienta que dará a la Generalitat la posibilidad de solventar todas estas deficiencias. No obstante, el jefe de filas de CiU, Artur Mas, incidió en que el problema es que el Gobierno catalán «no cree del todo» en el Estatut y «se esconde tras las cortinas». Unas palabras replicadas desde el PSC, para quienes el triste balance dibujado por la oposición se explica porque la coalición nacionalista no está en el poder, el PP se ha instalado «en el tremendismo» y otros en la «impaciencia», en referencia a sus socios de ERC.
El conseller de Interior, Joan Saura, líder de ICV y presidente en funciones del Gobierno autonómico al encontrarse el socialista José Montilla de vacaciones fuera de Cataluña, hizo un balance positivo del texto estatutario y recalcó que su progresiva aplicación permitirá afrontar la falta de inversiones en servicios como las Cercanías de Renfe, que serán gestionadas por la Generalitat. La situación vivida estos pasados días, enfatizó, «no podrá volver a pasar», ya que, por primera vez, se «fija el cupo de inversiones» estatales en Cataluña.
Saura reprochó a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que no haya dado «más la cara» en Cataluña, y que su visita del pasado martes a Barcelona fuera «de imagen» y se «fuera corriendo», sin aportar soluciones salvo pedir paciencia a los ciudadanos. «No trajo ninguna solución, no dijo nada, vino y se fue», resumió.
Uno de los partidos que sustentan el tripartito catalán, ERC, y dos de la oposición -el PP y Ciutadans- aprovecharon los apagones y el caos ferroviario para subrayar las deficiencias del Estatut, aunque cada uno desde su propia óptica. Para el republicano Joan Ridao, el texto sería «bueno para una región de España, pero no para una nación de Europa». El nuevo presidente del PP catalán, Daniel Sirera, sentenció que «los que impulsaron el nuevo Estatut nos engañaron, porque nos dijeron que se acabarían los problemas y la situación cada vez es peor»; al tiempo, pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie cuanto antes sobre la legalidad del texto. En la misma línea, el dirigente de Ciutadans José Domingo ironizó con la «maldición» a la que está sometida Cataluña desde la aprobación del Estatut en forma de «plagas» como «apagones o colas».
Mientras, el resto de las formaciones -los convergentes y los otros dos grupos del Ejecutivo, socialistas e ICV-EUIA- ven la nueva 'Carta Magna' catalana como la herramienta que dará a la Generalitat la posibilidad de solventar todas estas deficiencias. No obstante, el jefe de filas de CiU, Artur Mas, incidió en que el problema es que el Gobierno catalán «no cree del todo» en el Estatut y «se esconde tras las cortinas». Unas palabras replicadas desde el PSC, para quienes el triste balance dibujado por la oposición se explica porque la coalición nacionalista no está en el poder, el PP se ha instalado «en el tremendismo» y otros en la «impaciencia», en referencia a sus socios de ERC.
