ECONOMÍA
«El acuerdo del Cupo abre un periodo de tranquilidad en la relación con Euskadi»
Solbes se felicita por la colaboración de las haciendas vascas con Bruselas
12.08.07 -
-Los gobiernos central y vasco acaban de alcanzar un acuerdo sobre el Cupo para el quinquenio 2007-2011. ¿Qué destacaría de ese pacto?
-Lo más importante es la vuelta a unas relaciones de mayor normalidad entre ambas administraciones fiscales. A lo largo del último año y medio, las preocupaciones de una y otra parte habían estado a flor de piel en muchos momentos. En los temas de fondo, lo que se ha puesto en marcha es la metodología para el cálculo de Cupo y cómo deben producirse los ajustes cuando el Gobierno central actúa en competencias que o son discutibles o son claramente de las comunidades autónomas. Se trata de los principios a aplicar en cuestiones como la dependencia o la sanidad, entre otras.
-Esas cuestiones afectan a las administraciones. ¿Qué ocurre con las empresas?
-En mi opinión, un aspecto muy, muy importante es el de la puesta en marcha de las juntas arbitrales. Cuando una empresa tiene parte de su actividad en el País Vasco y otra parte en el resto de España tiene que declarar a ambas partes. Pero si no hay una colaboración entre ambas administraciones, ni intercambio de información, ni alguien que dirima las diferencias, se puede encontrar con que se le dé un tratamiento que le genera problemas. Para nosotros dar este paso era importantísimo, le hemos prestado mucha atención y hemos encontrado una buena colaboración en el País Vasco hasta dar con una solución que considero muy útil.
-¿Qué va a ocurrir con las denominadas 'vacaciones fiscales', que están en el punto de mira de la Comisión Europea?
-Por primera vez, hay un compromiso claro, y no sólo por parte del Gobierno vasco, sino también de las diputaciones, de mandar la información que tenemos que remitir a Bruselas antes del 11 de septiembre (sobre las ayudas a empresas vascas que la UE considera ilegales) para llevar a cabo la valoración pertinente por parte de la Comisión Europea. En cierta medida es aceptar que Bruselas tiene capacidad para pedir esa información. Hay una buena colaboración del País Vasco en esa dirección. Yo le doy una gran importancia porque es también un buen precedente para solucionar potenciales problemas entre nosotros.
-¿Cree que así se acabará por fin esa pugna el País Vasco y las comunidades vecinas?
-El País Vasco es un territorio fiscal diferenciado. Es verdad que ese sistema se analizó en su día en el llamado Código Primarolo para ver si existían comportamientos anómalos y se llegó a la conclusión de que no. Pero también es cierto que existe un debate europeo sobre si territorios que forman parte de un estado pueden tener tratamientos fiscales distintos a los nacionales, si o no y hasta qué nivel, siempre que no sean ayudas de Estado. Es un tema complejo y de bastante difícil solución sobre el que la Comisión Europea tiene la última palabra.
-¿Se abre, en cualquier caso, un periodo de buen entendimiento en las relaciones económicas con el País Vasco?
-Yo creo que lo que hemos puesto en marcha es un período de una razonable tranquilidad en las relaciones entre ambas administraciones en los próximos años. Habrá problemas y surgirán dificultades, pero en gran medida han quedado resueltos esos temas que estaban enquistados y que nos hacían la vida más complicada a todos. Lo que espero es que, a partir de ahora, sea mucho más fácil la cooperación entre la Administración fiscal del País Vasco y el Gobierno central. Yo creo que será positivo para la actividad económica, para las empresas y para toda la sociedad.
-Lo más importante es la vuelta a unas relaciones de mayor normalidad entre ambas administraciones fiscales. A lo largo del último año y medio, las preocupaciones de una y otra parte habían estado a flor de piel en muchos momentos. En los temas de fondo, lo que se ha puesto en marcha es la metodología para el cálculo de Cupo y cómo deben producirse los ajustes cuando el Gobierno central actúa en competencias que o son discutibles o son claramente de las comunidades autónomas. Se trata de los principios a aplicar en cuestiones como la dependencia o la sanidad, entre otras.
-Esas cuestiones afectan a las administraciones. ¿Qué ocurre con las empresas?
-En mi opinión, un aspecto muy, muy importante es el de la puesta en marcha de las juntas arbitrales. Cuando una empresa tiene parte de su actividad en el País Vasco y otra parte en el resto de España tiene que declarar a ambas partes. Pero si no hay una colaboración entre ambas administraciones, ni intercambio de información, ni alguien que dirima las diferencias, se puede encontrar con que se le dé un tratamiento que le genera problemas. Para nosotros dar este paso era importantísimo, le hemos prestado mucha atención y hemos encontrado una buena colaboración en el País Vasco hasta dar con una solución que considero muy útil.
-¿Qué va a ocurrir con las denominadas 'vacaciones fiscales', que están en el punto de mira de la Comisión Europea?
-Por primera vez, hay un compromiso claro, y no sólo por parte del Gobierno vasco, sino también de las diputaciones, de mandar la información que tenemos que remitir a Bruselas antes del 11 de septiembre (sobre las ayudas a empresas vascas que la UE considera ilegales) para llevar a cabo la valoración pertinente por parte de la Comisión Europea. En cierta medida es aceptar que Bruselas tiene capacidad para pedir esa información. Hay una buena colaboración del País Vasco en esa dirección. Yo le doy una gran importancia porque es también un buen precedente para solucionar potenciales problemas entre nosotros.
-¿Cree que así se acabará por fin esa pugna el País Vasco y las comunidades vecinas?
-El País Vasco es un territorio fiscal diferenciado. Es verdad que ese sistema se analizó en su día en el llamado Código Primarolo para ver si existían comportamientos anómalos y se llegó a la conclusión de que no. Pero también es cierto que existe un debate europeo sobre si territorios que forman parte de un estado pueden tener tratamientos fiscales distintos a los nacionales, si o no y hasta qué nivel, siempre que no sean ayudas de Estado. Es un tema complejo y de bastante difícil solución sobre el que la Comisión Europea tiene la última palabra.
-¿Se abre, en cualquier caso, un periodo de buen entendimiento en las relaciones económicas con el País Vasco?
-Yo creo que lo que hemos puesto en marcha es un período de una razonable tranquilidad en las relaciones entre ambas administraciones en los próximos años. Habrá problemas y surgirán dificultades, pero en gran medida han quedado resueltos esos temas que estaban enquistados y que nos hacían la vida más complicada a todos. Lo que espero es que, a partir de ahora, sea mucho más fácil la cooperación entre la Administración fiscal del País Vasco y el Gobierno central. Yo creo que será positivo para la actividad económica, para las empresas y para toda la sociedad.
