Brazomar
El Ayuntamiento multará a Costas por no reparar la rampa de la playa de Castro
El desencuentro entre el Ayuntamiento de Castro y la Demarcación de Costas de Cantabria por la reparación de la rampa de acceso a la playa de Brazomar se recrudece. Aunque el concejal de Obras, Rufino Díaz, anunció una reunión oficial entre ambas administraciones para solventar el conflicto, el equipo de gobierno ha decidido de forma unilateral abrir un expediente sancionador contra el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente por no reponer la entrada al principal arenal castreño.
El mal estado de la rampa, consecuencia del temporal que asoló la costa cántabra el pasado mes de marzo, tiene varias implicaciones. Además de haber favorecido las caídas entre los bañistas, el destrozo impide que las máquinas entren a limpiar la playa a fondo. Lejos de vislumbrarse una solución, el Ejecutivo local y Costas se culpan entre sí de la situación. Tras este último paso dado por el Ayuntamiento, la Demarcación tiene quince días para presentar alegaciones. En caso de prosperar la iniciativa municipal, la sanción a la que se enfrenta el organismo estatal podría alcanzar los 300.000 euros.
De un lado, Costas mantiene que tan solo está a la espera de que el Consistorio le ceda unos terrenos para iniciar la construcción de una nueva rampa, y que le ofreció instalar una de madera provisional que «nunca solicitó por escrito». El órgano local asegura que ya dio el visto bueno para la ejecución de la obra en abril.
El mal estado de la rampa, consecuencia del temporal que asoló la costa cántabra el pasado mes de marzo, tiene varias implicaciones. Además de haber favorecido las caídas entre los bañistas, el destrozo impide que las máquinas entren a limpiar la playa a fondo. Lejos de vislumbrarse una solución, el Ejecutivo local y Costas se culpan entre sí de la situación. Tras este último paso dado por el Ayuntamiento, la Demarcación tiene quince días para presentar alegaciones. En caso de prosperar la iniciativa municipal, la sanción a la que se enfrenta el organismo estatal podría alcanzar los 300.000 euros.
De un lado, Costas mantiene que tan solo está a la espera de que el Consistorio le ceda unos terrenos para iniciar la construcción de una nueva rampa, y que le ofreció instalar una de madera provisional que «nunca solicitó por escrito». El órgano local asegura que ya dio el visto bueno para la ejecución de la obra en abril.
