Una vez que llegaron a nuestro país con visados de turistas les contrató bajo la promesa de conseguirles la regularización en España, para lo cual les pidió las copias de sus respectivas documentaciones.
El acusado, que les ofreció un salario de 63 euros diarios por 9 horas de trabajo más la vivienda, los tuvo trabajando desde febrero a mayo de 2006 sin proporcionarles ninguna medida de seguridad ni protección. Carentes además de asistencia sanitaria y social, el empresario les descontó a cada uno de ellos seis días de salario por pretendidos gastos de los papeles.
Les tranquilizaba de continuo diciéndoles que iba a gestionar su regularización, cuando, en realidad, jamás presentó solicitud alguna ante la Delegación de Gobierno relativa a ninguna autorización de trabajo.





