
Por un lado, las juntas vecinales calificaron de «insuficiente» el plazo dado por el bando municipal y criticaron que «gobernar por decreto» sin entablar un diálogo previo con los enclaves afectados no es la manera «adecuada» de dirigir el Ejecutivo local «ni de dar el mejor servicio» a los ciudadanos.
En muchos núcleos, además, la red de abastecimiento presenta carencias para aplicar la medida. «Cada pedanía tiene una problemática diferente», defendió Álvaro Hierro, primer edil de Cerdigo. Además, lamentó que el escrito amenace con declarar«clandestinas» las tomas sin contador, lo que se traduciría en el «corte del suministro del agua».
15 euros al año
La situación en las nueve pedanías es muy dispar. Así, Mioño y Sámano tienen instalados sus contadores desde hace tiempo. En Otañes y Ontón, sin embargo, se pagan 15 euros al año por el servicio, mientras que los residentes en Lusa, Cerdigo, Islares, Oriñón y Santullán no abonan tarifa alguna.
El elevado número de afectados ha hecho reflexionar al Consistorio. Si bien entiende que es urgente atajar este problema, permitirá ampliar el plazo para ejecutar las obras siempre que los trámites se inicien en tres semanas. A fin de cuentas, la prioridad municipal es que se encauce la regulación del suministro de agua.









