
El final de la legislatura puede catalizar alianzas políticas nunca vistas en estos tres años de Gobierno socialista. Los socios catalanes de Rodríguez Zapatero, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, intentan soltar lastre ante la proximidad de las elecciones generales de marzo y han visto la ocasión propicia en el caos de las infraestructuras. CiU, que aunque no ha sido un aliado oficial ha salido en auxilio del presidente en numerosas ocasiones, también se sumó a la crítica por el déficit de servicios públicos.
Debate de Presupuestos
El PP se encontró así con que su oposición de manual al Gobierno por la crisis de las infraestructuras catalanas es secundada, si bien por motivos diferentes, por fuerzas situadas en sus antípodas ideológicas. Esta coincidencia suma una mayoría parlamentaria, aunque ajustada, contra el Gobierno ya que PP, CiU, ERC, IU-ICV y Grupo Mixto se alinean en el mismo bando, mientras que el PSOE sólo cuenta con el PNV, gracias al acuerdo sobre el Cupo. Una situación que pretende extender al debate de los próximos Presupuestos Generales.
Rajoy ha hecho los números y anunció ayer durante su visita a una feria gastronómica en Villagarcía de Arousa que el lunes exigirá, si no dimite antes la ministra de Fomento, la presencia del presidente del Gobierno ante la Diputación Permanente del Congreso para que «explique qué piensa sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña». El líder popular manifestó que en un país que es «la octava potencia económica del mundo» no puede ser que «no funcione nada; ni los trenes, ni los aeropuertos, ni los ferrocarriles». En este sentido, definió como «imprescindible» la comparecencia de Rodríguez Zapatero porque «si alguna obligación tiene un gobernante» es que «los servicios públicos funcionen».
Si todos los grupos políticos mantienen la beligerancia que mostraron el pasado martes en la comisión de Fomento hacia Magdalena Álvarez, el jefe del Ejecutivo deberá interrumpir sus vacaciones para acudir a la Cámara baja. Una derrota en toda regla.
Rodríguez Zapatero ha mantenido hasta ahora silencio sobre la gestión de su ministra, aunque sus colaboradores han hecho saber que cuenta con todo su apoyo. La secretaria de Política Autonómica del PSOE, Carmen Hermosín, indicó ayer que el presidente del Gobierno «no está obligado» a dar explicaciones de por qué mantiene o destituye a un ministro, y tachó de «brindis al sol» la exigencia del jefe de la oposición.







