
Su decisión no supone un visto bueno a la asignatura por parte de la federación -sus responsables mantienen que en sus centros ya educan «en valores» a los alumnos-, sino aceptar el mal menor: tratan de normalizar una situación que empieza a escaparse de las manos. Hay ya cerca de 15.000 familias en toda España que se han declarado objetoras frente a esta materia, una actitud que el Gobierno considera ilegal. El Ministerio de Educación acusa a los objetores de desobediencia civil a las leyes y advierte de que el alumno que no asista a clase se quedará sin título de Graduado en Secundaria.
La ministra Mercedes Cabrera recalcó ayer mismo que la objeción conducirá a una «situación complicada» desde el punto de vista jurídico. «La asignatura se ajusta a la libertad de los padres para formar a sus hijos según sus convicciones y al derecho a la educación. No contradice en absoluto ningún principio privado moral o religioso de nadie», enfatizó.
Los miembros de la Federación han mantenido diversas reuniones en las últimas semanas y sus responsables se han convencido de que la libertad que tienen los centros para elegir el manual y al docente que impartirá Ciudadanía e, incluso, de adaptar los contenidos al ideario del colegio es suficiente garantía. Portavoces del colectivo confirmaron ayer que la patronal de los colegios religiosos acepta incluir la materia en sus programas y anunciaron que los técnicos de la agrupación ultiman una guía complementaria para que las escuelas católicas puedan ajustar el temario a sus principios.
Los centros de enseñanza religiosa del País Vasco ya habían hecho esa reflexión desde un principio. Kristau Eskola, los representantes de la patronal en la comunidad, no se ha opuesto en ningún momento a la asignatura. Sus responsables sostienen que podrán adaptarla sin dificultad a sus programas educativos. Eso sí, han optado por impartirla en segundo de la ESO, con lo que no tendrán que afrontar el problema hasta el curso 2008-2009.
Conferencia Episcopal
Con esta decisión, los colegios católicos se alejan de la actitud beligerante contra la Educación para la Ciudadanía que mantiene la Conferencia Episcopal, junto con el PP, la CONCAPA -asociación de padres de alumnos de colegios católicos- y más de medio centenar de agrupaciones como el Foro Español de la Familia y Profesionales por la Ética. Estos sectores críticos entienden que la asignatura «adoctrina ideológica y moralmente, lo que contraviene el derecho de los padres a educar a sus hijos».
La jerarquía católica anunció una batalla sin tregua contra esta materia diseñada por el PSOE. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, llegó a manifestar el pasado junio que los colegios que incorporen la asignatura a sus programas «colaborarán con el mal», incluso «aunque adapten los contenidos a su ideario». La dura actitud de los obispos no ha influido en la decisión de la patronal de los colegios religiosos, la mayoría concertados y sostenidos con fondos públicos. Y la Conferencia Episcopal no tiene poder alguno para imponer sus criterios en el ámbito educativo.







