VIZCAYA
El Ayuntamiento de Muskiz apuntala un edificio ante el riesgo de desprendimientos
Critica la pasividad del Gobierno vasco y de la constructora tras los desplomes del domingo
31.08.07 -
La reparación del edificio de viviendas protegidas de Muskiz del que el domingo se desprendieron varios cascotes va para largo. El conflicto de competencias entre el Gobierno vasco y la promotora mantiene paralizada la reforma y el Ayuntamiento se ha visto obligado a actuar de urgencia para evitar nuevos desplomes. Operarios de la brigada municipal de obras apuntalaron ayer las zonas más agrietadas y acordonaron el bloque, ubicado en la calle Errota Zahar, con vallas de seguridad para evitar riesgos.
El Consistorio barajó inicialmente la idea de picar las partes más dañadas de la fachada, aunque la desechó poco después al sospechar que el deterioro del inmueble «abocaría probablemente a un derrumbe general». El arquitecto municipal se decantó finalmente por apuntalar con muelles tensores 18 puntos de la fachada y prohibir el acceso de personas a la zona. Casi 150 metros de vallas de dos metros de altura protegen ya el perímetro del edificio. Tan sólo se ha liberado un acceso a los comercios.
El Ayuntamiento ha optado por intervenir en la zona, aunque no sea esta su competencia, para salvaguardar la integridad física de los vecinos. «Lo hacemos por causa de fuerza mayor, pero repercutiremos todos los costes a los culpables de la situación», advierte el concejal de Urbanismo, Fernando Martín. Sólo el alquiler del cercado por diez días exigirá a las arcas locales un desembolso de 600 euros. «Y a buen seguro que las vallas tendrán que proteger el bloque bastante más tiempo», lamenta el edil.
Primer susto
El inmueble afectado, en el que residen 48 familias, fue entregado hace justo una década. Los primeros defectos de construcción no tardaron en aparecer en forma de grietas que se han agrandado con el paso del tiempo. Hace ya años se produjo un primer desplome en la fachada trasera. Parte de la cornisa se desprendió y uno de los cascotes cayó justo encima de un coche. La comunidad tuvo que encargar a una empresa especializada en trabajos verticales la reparación de la pared.
Hartos de obras y desperfectos, los vecinos decidieron iniciar una batalla legal para depurar responsabilidades. La sentencia les dio la razón y designó al Gobierno vasco como responsable máximo de la situación. El Ejecutivo autónomo, sin embargo, rechaza su competencia, ya que asegura que se la cedió a la constructora. El desacuerdo entre ambas partes mantiene paralizada la reforma del edificio, para desesperación de sus ocupantes.
El Consistorio barajó inicialmente la idea de picar las partes más dañadas de la fachada, aunque la desechó poco después al sospechar que el deterioro del inmueble «abocaría probablemente a un derrumbe general». El arquitecto municipal se decantó finalmente por apuntalar con muelles tensores 18 puntos de la fachada y prohibir el acceso de personas a la zona. Casi 150 metros de vallas de dos metros de altura protegen ya el perímetro del edificio. Tan sólo se ha liberado un acceso a los comercios.
El Ayuntamiento ha optado por intervenir en la zona, aunque no sea esta su competencia, para salvaguardar la integridad física de los vecinos. «Lo hacemos por causa de fuerza mayor, pero repercutiremos todos los costes a los culpables de la situación», advierte el concejal de Urbanismo, Fernando Martín. Sólo el alquiler del cercado por diez días exigirá a las arcas locales un desembolso de 600 euros. «Y a buen seguro que las vallas tendrán que proteger el bloque bastante más tiempo», lamenta el edil.
Primer susto
El inmueble afectado, en el que residen 48 familias, fue entregado hace justo una década. Los primeros defectos de construcción no tardaron en aparecer en forma de grietas que se han agrandado con el paso del tiempo. Hace ya años se produjo un primer desplome en la fachada trasera. Parte de la cornisa se desprendió y uno de los cascotes cayó justo encima de un coche. La comunidad tuvo que encargar a una empresa especializada en trabajos verticales la reparación de la pared.
Hartos de obras y desperfectos, los vecinos decidieron iniciar una batalla legal para depurar responsabilidades. La sentencia les dio la razón y designó al Gobierno vasco como responsable máximo de la situación. El Ejecutivo autónomo, sin embargo, rechaza su competencia, ya que asegura que se la cedió a la constructora. El desacuerdo entre ambas partes mantiene paralizada la reforma del edificio, para desesperación de sus ocupantes.
