
Por su parte, la prensa más moderada hacía constantes llamamientos a la calma. No quitaba razón ni trascendencia a las reclamaciones de los obreros, pero denunciaba a quienes por «medio de la fuerza -clamaba indignado 'El Noticiero Bilbaíno'- hicieron holgar a muchos trabajadores; por la fuerza y la amenaza se impusieron a otros, amenazando a infelices mujeres; por la fuerza pretenden impedir que trabajen obreros y a quienes van a trabajar les disparan tiros, valiéndose de las sombras de la noche».
Todo empezó la tarde del lunes 13 de agosto. Poco después de las cinco, «algunos grupos entre los que se advertían no pocos elementos extraños a Bilbao, comenzaron a recorrer las calles, haciendo que las tiendas se cerrasen, paralizando el movimiento de trenes, tranvías y vehículos». El estallido de las protestas no causó sorpresa a las autoridades ya que, desde las once de la mañana, se habían cursado órdenes desde Madrid para que en Bilbao se declarase el estado de guerra y la ley marcial. Quedaron prohibidos los conciertos nocturnos en El Arenal y cualquier otro tipo de espectáculo y se establecieron retenes de tropa en los lugares considerados de interés público: depósitos de agua, fábrica de gas, bancos locales... A partir de ese momento toda la autoridad recayó en don Antonio Sousa, gobernador militar de Vizcaya.
Presos del pánico
Según los principales periódicos de Bilbao, que estuvieron cuatro días sin poder salir a la luz, los enfrentamientos fueron protagonizados por grupos de alborotadores aislados. Sin embargo, la nutrida presencia del Ejército y el hecho mismo de haberse implantado la censura informativa pusieron en evidencia la enorme gravedad de la situación. No fueron, en absoluto, incidentes aislados. Los trabajadores salieron en masa a una huelga orquestada no sólo por las principales sociedades obreras de resistencia y la UGT, sino que contaba con el apoyo incondicional de los más emblemáticos líderes socialistas. Así, los enfrentamientos con el Ejército fueron constantes y las listas de heridos crecían sin parar. No cabía duda alguna. Todo aquello formaba parte de un movimiento revolucionario provocado por el empobrecimiento progresivo de la clase obrera y un sistema político totalmente anquilosado e incapaz.
Desgraciadamente, el movimiento de protesta se vio muy perjudicado por los hechos sucedidos el 14 de agosto. Indudablemente lo que ocurrió aquella tarde significó el principio del fin de la huelga revolucionaria de 1917. Aquel día, un centenar de huelguistas se concentraron a la salida del túnel de Cuatro Caminos. Tras deshacerse de los miñones que custodiaban la zona, levantaron las traviesas justo en una curva situada sobre un terraplén. A las cinco y diez de la tarde, el tren correo entró a toda velocidad en el túnel. A la salida se produjo la catástrofe. La máquina, el ténder y el primer furgón se precipitaron por el terraplén. El resto de las unidades fueron descarrilando sucesivamente. Nada pudo hacer el maquinista para evitar la desgracia. La locura se desató entonces. Muchos viajeros, presos del pánico, salieron como pudieron de los vagones. Mientras, un grupo de descontrolados hacía fuego sobre ellos. El caos fue total. Tras una tensa espera llegaron las fuerzas de caballería que pusieron fin a la carnicería. Cinco muertos y diecisiete heridos fue el triste balance de aquella jornada. Los huelguitas acababan de manchar sus manos de sangre. La opinión pública se volvió contra ellos.
Conscientes de su más que posible victoria, las fuerzas vivas de la provincia -comisionados de la Cámara de Comercio, de los Bancos de Bilbao, Vizcaya y del Crédito de la Unión Minera; de la Asociación de Navieros; de la Liga Vizcaína de Productores; de los Altos Hornos de Vizcaya y, en general, de todas las que eran las principales instituciones patronales del momento- acudieron a ofrecer su ayuda y sus dineros al gobernador militar. Éste emitió un bando en el que declaraba ilegales todas las huelgas convocadas después de la proclamación del estado de guerra. Además, añadía que se haría fuego sobre quienes no respetasen la ley marcial.
La pérdida de popularidad y la determinación de la autoridad militar surtieron el efecto deseado. El 18 fue el día más tranquilo de aquel mes revolucionario. Estaba claro el fracaso del movimiento huelguístico. La policía, por su parte, procedió, en diferentes puntos de España, a detener a los que se consideraba eran los principales líderes de la huelga. Los concejales madrileños Besteiro, Largo Caballero y Anguiano fueron detenidos y desposeídos de sus cargos. En Bilbao, la policía arrestó al señor Carbonell, presidente de la Casa del Pueblo, y a los concejales socialistas Merodio y Arrugaeta. Indalecio Prieto, para el que se dictó orden de búsqueda y captura, huyó a Francia.
A medida de que la situación se calmaba, aparecían noticias que sugerían que la huelga general de agosto no había sido obra de unos cuantos y mucho menos promovida por los anarquistas. Para una parte de la prensa francesa era «un movimiento democrático y republicano y que merece ( ) todas las simpatías de los demócratas y republicanos del mundo entero». Era evidente que, por debajo de las versiones oficiales, se había ocultado la verdad sobre una huelga que había atentado directamente contra el sistema.










