batalla judicial
El Tribunal Supremo declara ilegal la ocupación de una finca para construir Megapark
La sentencia obliga a la promotora del parque comercial baracaldés a indemnizar a los propietarios del suelo
OPERACIÓN URBANÍSTICA. Vista aérea de Barakaldo con Megapark en primer término. / NOELIA MARTÍNEZ
La batalla judicial desatada a raíz de la construcción de Megapark acaba de escribir un nuevo capítulo. Tras cinco años de intentos infructuosos, los propietarios de una finca han logrado que los jueces declaren ilegal la ocupación del suelo para levantar el parque comercial. La Sala Tercera del Tribunal Supremo estimó el pasado 11 de julio un recurso de casación presentado por dos particulares, en el que se solicita la anulación del expediente de expropiación de la parcela. La sentencia, contra la que no cabe recurso, no supondrá el derribo de ningún pabellón y se limita a fijar una indemnización para los afectados «ante la imposibilidad de devolver el solar a su estado natural».
Según el criterio del alto tribunal, la expropiación no se realizó correctamente. En la sentencia recuerda que en 2004 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) suspendió la modificación del plan urbanístico que afectaba al parque comercial. Las agrupaciones ecologistas de la comarca -entre ellas, Ezpitsua e Izate- forzaron esa anulación, en medio de una cruzada para salvar varias especies protegidas en las vegas de Ibarreta-Zuloko. «Faltaba un informe, pero enseguida se subsanó el problema», recuerdan los actuales responsables del área local de Urbanismo.
La ocupación del suelo se produjo en 2002 por el procedimiento de tasación conjunta. Y no se debió a un mero cálculo administrativo. El Ayuntamiento puso en manos de un experto de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya la valoración económica de cada metro cuadrado. Lo hizo cuando la finca de la discordia estaba catalogada como rústica, si bien ahora el solar está integrado en un sector de suelo urbanizable.
Trámites anulados
En aquella época, la Corporación baracaldesa adjudicó a la promotora Arcona Ibérica la gestión y construcción del centro comercial. La empresa se llevó el gato al agua en un concurso público, en el que se incluyó una cláusula por la que la compañía «se hace cargo del 100% del coste de las expropiaciones». Por este motivo, Arcona Ibérica es la principal perjudicada por la sentencia judicial y será la encargada de abonar una mayor cantidad de dinero -aún por cuantificar- a los propietarios que recurrieron en su día a los tribunales.
A raíz del dictamen del Supremo, la Diputación ha tenido que anular la orden foral que autorizaba la expropiación del suelo y ha dado traslado de la resolución al Ayuntamiento para «adoptar los trámites necesarios para dar cumplimiento a la sentencia». Los responsables municipales, en cualquier caso, se muestran tranquilos porque la orden «no tendrá ningún efecto» sobre la operación de Megapark y las empresas radicadas en el complejo. Todo se reduce, según sus palabras, a «un tema económico» que no llegará a repercutir en las arcas públicas.
Según el criterio del alto tribunal, la expropiación no se realizó correctamente. En la sentencia recuerda que en 2004 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) suspendió la modificación del plan urbanístico que afectaba al parque comercial. Las agrupaciones ecologistas de la comarca -entre ellas, Ezpitsua e Izate- forzaron esa anulación, en medio de una cruzada para salvar varias especies protegidas en las vegas de Ibarreta-Zuloko. «Faltaba un informe, pero enseguida se subsanó el problema», recuerdan los actuales responsables del área local de Urbanismo.
La ocupación del suelo se produjo en 2002 por el procedimiento de tasación conjunta. Y no se debió a un mero cálculo administrativo. El Ayuntamiento puso en manos de un experto de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya la valoración económica de cada metro cuadrado. Lo hizo cuando la finca de la discordia estaba catalogada como rústica, si bien ahora el solar está integrado en un sector de suelo urbanizable.
Trámites anulados
En aquella época, la Corporación baracaldesa adjudicó a la promotora Arcona Ibérica la gestión y construcción del centro comercial. La empresa se llevó el gato al agua en un concurso público, en el que se incluyó una cláusula por la que la compañía «se hace cargo del 100% del coste de las expropiaciones». Por este motivo, Arcona Ibérica es la principal perjudicada por la sentencia judicial y será la encargada de abonar una mayor cantidad de dinero -aún por cuantificar- a los propietarios que recurrieron en su día a los tribunales.
A raíz del dictamen del Supremo, la Diputación ha tenido que anular la orden foral que autorizaba la expropiación del suelo y ha dado traslado de la resolución al Ayuntamiento para «adoptar los trámites necesarios para dar cumplimiento a la sentencia». Los responsables municipales, en cualquier caso, se muestran tranquilos porque la orden «no tendrá ningún efecto» sobre la operación de Megapark y las empresas radicadas en el complejo. Todo se reduce, según sus palabras, a «un tema económico» que no llegará a repercutir en las arcas públicas.
