
Cuando la entidad adjudicataria ejecute los derribos, estas trece viviendas adosadas y seis unifamiliares pasarán a ser los primeros pisos habitados en España derruidos por resolución judicial en suelo urbano. «La situación es desesperada. Van a dejar a las familias con los muebles en la calle sin tener ninguna culpa. Es atroz», se lamenta Antonio Vilela, portavoz de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Esta no es la única promoción condenada a la piqueta en Argoños. Las Llamas II, de 22 viviendas, y Pueblo del Mar, de 78, también lo están. Aunque el Tribunal Supremo extendió el plazo para ejecutar las sentencias hasta 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria apremió al Consistorio para que las demoliciones se llevaran a cabo en 2007. Vilela recuerda que los afectados, tal y como ratificó el Supremo, no recibirán indemnización alguna hasta que se lleven a cabo los derribos.
Con el fin de «denunciar la injusticia, el sufrimiento y el desamparo político y judicial de estas familias», AMA ha convocado una manifestación para mañana que partirá a las 12.00 horas desde la urbanización afectada para llegar hasta el Ayuntamiento.










