VIZCAYA
La oposición exige a Aburto explicaciones por el rapto de un niño en un centro foral
PSE, PP y EB reclaman más seguridad en los puntos de encuentro de la Diputación para parejas separadas
08.09.07 -
El PSE-EE, el PP y Ezker Batua pidieron ayer al diputado de Acción Social, Juan María Aburto, que comparezca en las Juntas Generales de Vizcaya para informar sobre el secuestro de un niño de dos años perpetrado por su padre en un centro de Bilbao utilizado por la Diputación para encuentros de parejas separadas.
Los hechos se produjeron el pasado 29 de agosto, cuando el progenitor, que tiene una orden de alejamiento por malos tratos a la madre del menor, acudió al centro foral para ver al niño y se marchó con él, aprovechando un descuido de la persona que supervisaba la visita.
La Ertzaintza ha interrogado a los familiares y conocidos del padre, que tiene 50 años y es de origen rumano. Sospecha que ha podido cruzar la frontera. En cambio, su ex compañera, también rumana, de 23 años, cree que todavía se encuentra en el País Vasco o, por lo menos, en España.
Los socialistas vascos advirtieron de que el rapto del niño es un asunto «demasiado importante para que se quede en una mera noticia periodística». En este sentido, se mostraron extrañados de que todavía «no se sepa nada al respecto habiendo pasado ya tantos días desde que ocurrió».
El PSE emplazó a Juan María Aburto a explicar «cómo se ha producido el incidente» y a indicar también qué pasos ha dado su departamento desde el 29 de agosto «para recuperar al menor y protegerle conforme a la responsabilidad de la Diputación».
«Injustificable»
Nerea Llanos, juntera del Partido Popular, recordó al gobierno foral que, por encima de la imagen de «amabilidad» que debe transmitir un establecimiento para las parejas separadas, «está la seguridad de los menores, sobre todo si tenemos en cuenta que en dichos centros se atienden situaciones en las que dicha seguridad no sólo es aconsejable, sino necesaria».
Por su parte, Ana Telleria, apoderada de Ezker Batua, calificó lo ocurrido en el centro de la Diputación como «totalmente injustificable y de gravísima repercusión social». A su juicio, el secuestro pone de manifiesto «las deficiencias» existentes en el servicio y la «falta de seguridad».
La juntera exigió a la Diputación vizcaína que realice inspecciones periódicas en los puntos de encuentro, que incremente el número de centros y que los refuerce con «profesionales y terapeutas especializados».
Los hechos se produjeron el pasado 29 de agosto, cuando el progenitor, que tiene una orden de alejamiento por malos tratos a la madre del menor, acudió al centro foral para ver al niño y se marchó con él, aprovechando un descuido de la persona que supervisaba la visita.
La Ertzaintza ha interrogado a los familiares y conocidos del padre, que tiene 50 años y es de origen rumano. Sospecha que ha podido cruzar la frontera. En cambio, su ex compañera, también rumana, de 23 años, cree que todavía se encuentra en el País Vasco o, por lo menos, en España.
Los socialistas vascos advirtieron de que el rapto del niño es un asunto «demasiado importante para que se quede en una mera noticia periodística». En este sentido, se mostraron extrañados de que todavía «no se sepa nada al respecto habiendo pasado ya tantos días desde que ocurrió».
El PSE emplazó a Juan María Aburto a explicar «cómo se ha producido el incidente» y a indicar también qué pasos ha dado su departamento desde el 29 de agosto «para recuperar al menor y protegerle conforme a la responsabilidad de la Diputación».
«Injustificable»
Nerea Llanos, juntera del Partido Popular, recordó al gobierno foral que, por encima de la imagen de «amabilidad» que debe transmitir un establecimiento para las parejas separadas, «está la seguridad de los menores, sobre todo si tenemos en cuenta que en dichos centros se atienden situaciones en las que dicha seguridad no sólo es aconsejable, sino necesaria».
Por su parte, Ana Telleria, apoderada de Ezker Batua, calificó lo ocurrido en el centro de la Diputación como «totalmente injustificable y de gravísima repercusión social». A su juicio, el secuestro pone de manifiesto «las deficiencias» existentes en el servicio y la «falta de seguridad».
La juntera exigió a la Diputación vizcaína que realice inspecciones periódicas en los puntos de encuentro, que incremente el número de centros y que los refuerce con «profesionales y terapeutas especializados».
