EDITORIAL
Contra la impunidad
11.09.07 -
El atentado frustrado de ETA en Logroño demuestra que si bien la eficaz actuación de las fuerzas de seguridad, los frutos de la colaboración internacional y los límites de operatividad que evidencia la banda terrorista han conseguido hasta la fecha minimizar las consecuencias de la ruptura del alto el fuego, la obstinación etarra continúa amenazando a las instituciones y a la sociedad. De ahí que junto al esfuerzo por evitar que los terroristas logren su objetivo de destrucción y muerte, el Gobierno tiene la obligación de dar impulso político a la pronta desarticulación de las estructuras que están intentando sembrar nuestro país de más actos de violencia. De manera que quienes integran la escala de mando de ETA no permanezcan impunes ante la ineludible actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni gocen del privilegio de disfrutar de la libertad quienes encarnan en un plano más visible la apología del terrorismo y prestan con convocatorias y manifestaciones su apoyo a la perpetuación de la banda terrorista.
El hecho de que el juez Garzón, a requerimiento de la Fiscalía, cite al dirigente de Askatasuna Juan María Olano representa, en este sentido, una nota esperanzadora. Porque si bien concurren serios indicios de que ANV es la última marca electoral de Batasuna, más sangrante resulta que organizaciones ilegalizadas o cuya actividad fue legalmente suspendida hace ya tiempo -léase la propia Batasuna, Askatasuna o Segi- actúen de facto como estructuras de encuadramiento y movilización de la izquierda abertzale, manteniendo al frente a sus responsables y portavoces de siempre, y prolongando la misma función de cobertura del terrorismo que desempeñaban cuando eran legales. Es verdad que la disolución de una determinada organización o la suspensión de sus actividades no pueden anular los derechos que como ciudadanos poseen sus integrantes. Pero lo cierto es que esos derechos son utilizados una y otra vez para mantener exactamente la misma estructura organizativa y desarrollar la actividad declarada ilegal. De ahí que puede haber algo más urgente que la apertura de un procedimiento de ilegalización de ANV. Es acabar con la impunidad de que, aun fuera de la ley, gozan los activistas organizados de la izquierda abertzale, impidiendo que continúen actuando y aplicando todo el peso del Estado de Derecho sobre quienes lo desafían constantemente.
El hecho de que el juez Garzón, a requerimiento de la Fiscalía, cite al dirigente de Askatasuna Juan María Olano representa, en este sentido, una nota esperanzadora. Porque si bien concurren serios indicios de que ANV es la última marca electoral de Batasuna, más sangrante resulta que organizaciones ilegalizadas o cuya actividad fue legalmente suspendida hace ya tiempo -léase la propia Batasuna, Askatasuna o Segi- actúen de facto como estructuras de encuadramiento y movilización de la izquierda abertzale, manteniendo al frente a sus responsables y portavoces de siempre, y prolongando la misma función de cobertura del terrorismo que desempeñaban cuando eran legales. Es verdad que la disolución de una determinada organización o la suspensión de sus actividades no pueden anular los derechos que como ciudadanos poseen sus integrantes. Pero lo cierto es que esos derechos son utilizados una y otra vez para mantener exactamente la misma estructura organizativa y desarrollar la actividad declarada ilegal. De ahí que puede haber algo más urgente que la apertura de un procedimiento de ilegalización de ANV. Es acabar con la impunidad de que, aun fuera de la ley, gozan los activistas organizados de la izquierda abertzale, impidiendo que continúen actuando y aplicando todo el peso del Estado de Derecho sobre quienes lo desafían constantemente.
