Según su versión, «las bajas se han producido de forma continuada desde hace siete años y, durante el pasado curso, un tribunal de la Inspección de Trabajo la calificó como no apta para la docencia». El colectivo recuerda que, tras el dictamen, «le trasladaron a la secretaría, pero este año ha cambiado el veredicto y la dirección del colegio la ha devuelto a su puesto como docente».
Los padres acusan a la Delegación de Educación del Gobierno vasco de querer «lavarse las manos» y no tomar cartas en un asunto crucial para la educación de sus hijos. Por ello, pretenden presionar a l Ejecutivo para que «atienda nuestras peticiones y la situación se resuelva».










