Los hechos se remontan a noviembre de 2.004. Entonces, los ecologistas solicitaron información a las autoridades municipales sobre diversos proyectos urbanísticos que se ejecutaban en suelo no urbanizable. Un portavoz de Txipio Bai recordó ayer que «seis meses después, al no obtener ninguna respuesta, interpusimos un recurso y, en marzo de 2.006, el juzgado dictó una sentencia por la que declaraba ilegal la negativa a facilitar la información solicitada».
Ahora, el TSJPV ratifica este dictamen y obliga al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales. De todos modos, Txipio Bai anunció ayer que «pese al tiempo transcurrido, siguen sin facilitar la información, por lo que en los próximos días solicitaremos al tribunal la ejecución forzosa de la sentencia». La asociación dirige sus críticas hacia el alcalde de Lemoiz, Pedro Botejara: «Todas las denegaciones de información se deben al mismo alcalde, quien olvida su deber de transparencia pública». Por este motivo, «requeriremos expresamente al señor Botejara que sea él personalmente y no las arcas municipales, quien responda al pago de las costas judiciales, porque los comportamientos ilegales y caciquiles no se deben subsanar con dinero público», aseveraron. Por su parte, el alcalde de Lemoiz declinó ayer hacer cualquier comentario sobre la sentencia.









