
En cualquier caso, desde el CNC, órgano surgido de la fusión entre el anterior tribunal de defensa de la competencia y el servicio, se observan elementos «llamativos» que motivan, al menos, que se maneje la posibilidad de incoar un expediente oficial, aspecto sobre el que Berenguer no quiso profundizar para evitar que pudiera quedar «contaminado». Lo que sí hizo fue dar varios apuntes para explicar por qué desde el organismo se observa con «preocupación» la actuación de las empresas transformadoras en esta crisis, sobre todo a la vista de que sus declaraciones han sido «coincidentes» en la forma, en el fondo y en el tiempo que se han realizado.
Desde el órgano encargado de velar por la libre competencia se pretende esclarecer si las advertencias que la industria ha hecho sobre próximas subidas en sus precios a raíz del aumento en el coste de los cereales son sólo «un aviso a navegantes» o esconden detrás un mensaje concreto a los fabricantes para que suban sus tarifas al amparo de la coyuntura actual. En este segundo caso, el propio presidente de la Comisión entiende que sería una manera «sofisticada» de infringir la normativa vigente sobre la fijación de precios.
Berenguer explicó que sus pesquisas se centran en la posibilidad de que se haya producido un acto «focal», mediante el cual los interesados «localizan la atención sobre un punto o mensaje concreto» con el fin último elevar las tarifas finales de uno o varios productos. «Me pregunto», señaló, si con sus declaraciones (los fabricantes) «están diciendo a las empresas de cada ramo y sus competidores que sigan la misma conducta y eleven sus precios en paralelo».
Sospechas
La sospecha sobre un pacto ilegal en algún punto de la cadena de alimentación, ya sea en los fabricantes o en los distribuidores, ha sido reiterada por las organizaciones profesionales de agricultores y ganaderos. Incluso desde el Gobierno se ha advertido que existen «movimientos» que se «deben controlar», pues los aumentos de las materias primas «no tienen paralelismo con los desorbitados incrementos que se quieren trasladar al producto final», según afirmó el martes la propia ministra de Agricultura, Elena Espinosa.
El 'número dos' del departamento, Josep Puxeu, fue más gráfico en sus declaraciones, al apuntar que «algunos quieren hacer su agosto en septiembre». En este sentido, dijo que una materia prima como el trigo, que supone el 10% del coste de elaboración del pan, no puede justificar un incremento de hasta un 50% en su precio final.
Por otro lado, los productores de biocarburantes se defendieron ayer de las informaciones que les apuntan como los principales responsables de la subida de los cereales, materia prima que supone entre el 60% y el 70% de sus costes de fabricación. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), aseguró que la principal causa es que existe un «evidente desequilibrio» en el mercado agroalimentario. Y citó «las malas cosechas provocadas por las sequías en los países productores de cereal» y el fuerte aumento de la demanda alimentaria en potencias emergencias como China e India.








