POLÍTICA general
Ibarretxe se comprometerá a encauzar el derecho a decidir «con valentía política»
Desgranará en el Pleno iniciativas para resolver «el conflicto» sin esperar a que «ETA dé permiso»
AVANCE. Azkarate explicó los fundamentos del discurso. / I. AIZPURU
OTRAS REACCIONES
El lehendakari Ibarretxe desgranará en el esperado Pleno de Política General de pasado mañana las «iniciativas políticas» que ha diseñado para dar solución al «conflicto» vasco mediante el ejercicio del derecho a decidir. De hecho, el jefe del Ejecutivo se comprometerá expresamente en su intervención a «dar respuesta» a este derecho «con valentía política y con la estricta aplicación de los principios democráticos». La comunicación oficial de las líneas maestras del discurso del presidente vasco que ofreció ayer la portavoz de su Gabinete, Miren Azkarate, no aclaró si el lehendakari planteará directamente una consulta popular o simplemente la búsqueda de un acuerdo que pudiera desatascar «el problema histórico», que -según recalcó el Gobierno de Vitoria- «es anterior a la propia violencia de ETA».
Lo que sí quedó claro es que Ibarretxe está decidido a abanderar el proceso de normalización política, una vez fracasadas las negociaciones con la banda terrorista, sin esperar a que ETA «dé permiso para hacerlo, declarando una nueva tregua». Es decir, el lehendakari tratará de desbloquear la situación en el año y medio que resta de legislatura, siempre con el compromiso firme de sondear la opinión de la ciudadanía vasca antes de que expire su actual mandato. De hecho, en los últimos días sus socios han avanzado que planteará fechas concretas para la celebración de la consulta -en el caso de EA- y EB ha fijado incluso el plazo límite para que culmine la negociación política, en septiembre de 2008. El Gobierno vasco entiende, efectivamente, que los tiempos no pueden 'estirarse' mucho más para poder cumplir el objetivo de consultar a los vascos antes de la primavera de 2009.
No obstante, Azkarate eludió ayer concretar las propuestas que el lehendakari desvelará pasado mañana y obvió también las preguntas sobre el compromiso que en su día expresó Ibarretxe en su discurso de investidura de impulsar cualquier iniciativa de tipo plebiscitario siempre en ausencia de violencia. La portavoz se limitó a recalcar que se está hablando de «iniciativas políticas» y no de un referéndum, planteamientos que servirán, dijo, para «romper la espiral del no-diálogo y la violencia, con el objetivo de canalizar la solución del conflicto vasco».
«Amenazas» legales
Pero, a la hora de valorar la posible adopción de medidas legales desde la Administración central para frenar los planes de Ibarretxe si no media un acuerdo previo entre las instituciones autonómicas y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Azkarate se mostró implacable y consideró «sonrojante» que «en la Europa democrática» se «amenace» a un presidente «por hacer una simple consulta».
La portavoz insistió en que en la actual situación de «'impasse'» tras la ruptura del alto el fuego es plenamente aconsejable que la ciudadanía «se exprese democráticamente» en lugar de permitir que el «futuro político» de Euskadi quede «en manos» de los terroristas. Supeditar los acuerdos sobre normalización al final de la violencia etarra supondría, para el Gobierno vasco, dar a la banda la potestad de colocar «semáforos en rojo, en verde o en ámbar» al ejercicio de la política. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo vasco dejará claro en el Pleno que «el ciclo de la violencia está agotado socialmente» y es hora por lo tanto de desterrar «estrategias fracasadas del pasado» e iniciar una etapa de «diálogo con normalidad».
Azkarate recordó que «no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de amenazas legales», en alusión al proyecto de ley elaborado por el Gobierno del PP y posteriormente derogado por el PSOE que contemplaba penas de prisión para castigar la convocatoria de referendos ilegales. «No sé si quieren volver a transitar por la misma senda», advirtió la portavoz, que recordó que aún está pendiente la causa penal contra el lehendakari por reunirse con Batasuna y que la decisión sobre la apertura de juicio oral «se está retrasando».
Ibarretxe -que hará hincapié en la innovación como motor del crecimiento económico- aprovechará su intervención para poner en valor algunos de los proyectos que ha impulsado en la primera mitad de la legislatura y que han cosechado duras críticas en las filas de la oposición. Analizará «el primer año de ejecución» del llamado Plan de Paz y Convivencia, con referencias específicas a la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo. Se detendrá también en la memoria de los afectados por el franquismo, en la educación en derechos humanos y en el polémico programa de promoción de los derechos civiles y políticos, tildado de «equidistante» por sus adversarios políticos.
o.barriuso@diario-elcorreo.com
Lo que sí quedó claro es que Ibarretxe está decidido a abanderar el proceso de normalización política, una vez fracasadas las negociaciones con la banda terrorista, sin esperar a que ETA «dé permiso para hacerlo, declarando una nueva tregua». Es decir, el lehendakari tratará de desbloquear la situación en el año y medio que resta de legislatura, siempre con el compromiso firme de sondear la opinión de la ciudadanía vasca antes de que expire su actual mandato. De hecho, en los últimos días sus socios han avanzado que planteará fechas concretas para la celebración de la consulta -en el caso de EA- y EB ha fijado incluso el plazo límite para que culmine la negociación política, en septiembre de 2008. El Gobierno vasco entiende, efectivamente, que los tiempos no pueden 'estirarse' mucho más para poder cumplir el objetivo de consultar a los vascos antes de la primavera de 2009.
No obstante, Azkarate eludió ayer concretar las propuestas que el lehendakari desvelará pasado mañana y obvió también las preguntas sobre el compromiso que en su día expresó Ibarretxe en su discurso de investidura de impulsar cualquier iniciativa de tipo plebiscitario siempre en ausencia de violencia. La portavoz se limitó a recalcar que se está hablando de «iniciativas políticas» y no de un referéndum, planteamientos que servirán, dijo, para «romper la espiral del no-diálogo y la violencia, con el objetivo de canalizar la solución del conflicto vasco».
«Amenazas» legales
Pero, a la hora de valorar la posible adopción de medidas legales desde la Administración central para frenar los planes de Ibarretxe si no media un acuerdo previo entre las instituciones autonómicas y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Azkarate se mostró implacable y consideró «sonrojante» que «en la Europa democrática» se «amenace» a un presidente «por hacer una simple consulta».
La portavoz insistió en que en la actual situación de «'impasse'» tras la ruptura del alto el fuego es plenamente aconsejable que la ciudadanía «se exprese democráticamente» en lugar de permitir que el «futuro político» de Euskadi quede «en manos» de los terroristas. Supeditar los acuerdos sobre normalización al final de la violencia etarra supondría, para el Gobierno vasco, dar a la banda la potestad de colocar «semáforos en rojo, en verde o en ámbar» al ejercicio de la política. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo vasco dejará claro en el Pleno que «el ciclo de la violencia está agotado socialmente» y es hora por lo tanto de desterrar «estrategias fracasadas del pasado» e iniciar una etapa de «diálogo con normalidad».
Azkarate recordó que «no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de amenazas legales», en alusión al proyecto de ley elaborado por el Gobierno del PP y posteriormente derogado por el PSOE que contemplaba penas de prisión para castigar la convocatoria de referendos ilegales. «No sé si quieren volver a transitar por la misma senda», advirtió la portavoz, que recordó que aún está pendiente la causa penal contra el lehendakari por reunirse con Batasuna y que la decisión sobre la apertura de juicio oral «se está retrasando».
Ibarretxe -que hará hincapié en la innovación como motor del crecimiento económico- aprovechará su intervención para poner en valor algunos de los proyectos que ha impulsado en la primera mitad de la legislatura y que han cosechado duras críticas en las filas de la oposición. Analizará «el primer año de ejecución» del llamado Plan de Paz y Convivencia, con referencias específicas a la Ley de Solidaridad con las víctimas del terrorismo. Se detendrá también en la memoria de los afectados por el franquismo, en la educación en derechos humanos y en el polémico programa de promoción de los derechos civiles y políticos, tildado de «equidistante» por sus adversarios políticos.
o.barriuso@diario-elcorreo.com
