El Correo Digital

Los discursos pronunciados ayer en el Alderdi Eguna por el lehendakari y el todavía presidente del PNV pusieron a la vista de la militancia peneuvista y del conjunto de la sociedad la profunda discrepancia de las estrategias políticas que coexisten en el seno del Partido Nacionalista Vasco. El mitin en las campas de Foronda, apenas 48 horas después del desafío en toda regla planteado por Juan José Ibarretxe al orden constitucional, evidenció que el consenso que las partes enfrentadas afirman haber alcanzado en el proyecto de ponencia política para los próximos años no es tal, sino una plasmación de planteamientos contradictorios que ha acabado redundando en la derrota de las tesis pactistas defendidas por Imaz. Su empeño en seguir abanderando su discurso más distintivo, apelando a la transversalidad, el acuerdo entre diferentes, el respeto a la pluralidad y la modernización del nacionalismo, quedó ayer inevitablemente difuminado por su propia renuncia a pugnar por el control del partido y por la obcecación de Ibarretxe en dar a entender que para nada está dispuesto a ceder en su soberanismo autodeterminista.

Es posible que la crisis del PNV continúe latente a la espera de que cualquier acontecimiento interno o externo, como puede ser el resultado de las elecciones generales de marzo, la haga aflorar a la superficie de manera que podría resultar traumática para sus intereses. Pero lo que se ha impuesto ahora es la empecinada voluntad de un lehendakari que ayer llegó a preguntarse por el significado de su cargo si no se le permite convocar la consulta que preconiza, a sabiendas de que la ilegalidad de la misma resulta radicalmente incompatible con el obligado respeto al ordenamiento jurídico que comporta su función institucional. El hecho de que tanto quien preside el Gobierno español como quien aspira a sucederle tras las elecciones generales de marzo hayan dejado claro que no existe la más mínima posibilidad de iniciar diálogo alguno sobre proyectos que no encajen estrictamente en lo establecido por el orden constitucional aboca la propuesta del lehendakari a un nuevo fracaso. Si lo que Ibarretxe pretende con ella no es alcanzar un acuerdo, sino, por el contrario, abrir un período de abierta confrontación con el Estado y dentro de su propia sociedad vasca, intentando repetir de esta forma el éxito obtenido en las elecciones autonómicas de 2001, su partido deberá ponderar los peligros de semejante aventura. Riesgos que afectan a las propias aspiraciones electorales peneuvistas en una sociedad cada vez más cansada de que se la sacuda con viejas y fallidas iniciativas que sólo han propiciado la división. Pero, sobre todo, riesgos para la estabilidad institucional y social de un país que requiere de su partido mayoritario un mínimo de madurez y de sensatez, del todo exigible cuando ETA persiste en su amenaza totalitaria.