Miranda
Urbanismo valorará una posible actualización del catálogo de inmuebles para adecuar su protección
La medida se aplicaría sólo en los edificios en los que la rehabilitación es compleja Ordenan el arreglo y limpieza del bloque de viviendas de La Estación 50, abandonado
05.10.07 -
ABANDONADO. Patio interior del edificio de la calle La Estación 50, que deberá acondicionarse. / A. G.
Edificios en estado precario con niveles de protección rigurosa que la práctica demuestra que no son rehabilitables. Ese será el marco que definirá una medida que, hoy por hoy sólo está en estudio, y que propondría actualizar el grado de catalogación de algunos inmuebles para favorecer su reconstrucción. «No descarto que a medida que avance la legislatura y que la práctica demuestre que hay edificios susceptibles de cambiar la protección, que pueda hacerse».
La responsable de Urbanismo, Aitana Hernando, recalca que la mayoría de los edificios «están bien catalogados», pero existirían otros «que son 'irrehabilitables' y con los que convendría estudiar de forma sería» el paso de una protección estructural -mucho más rigurosa- a otra de carácter ambiental. Este caso ya tiene un precedente en el edificio de Ciudad de Toledo que, finalmente pudo echarse abajo y se reconstruye siguiendo las líneas arquitectónicas del inmueble original.
La actualización de los grados de protección, siempre de forma puntual, es una «posibilidad» que requerirá un informe técnico más concienzudo que tendría que realizar el propio Ayuntamiento. Sólo si se considerase preceptiva la medida llegaría a aplicarse esa revisión. Lo que sí es evidente es que en ningún caso la actitud del propietario puede marcar un relajo en el grado de amparo que se le ha otorgado al edificio.
Ruina económica
Y es que no es la primera vez que los dueños buscan una declaración de ruina económica mediante el abandono del inmueble con los consiguientes problemas que esta situación genera en su entorno. Es, de hecho, lo que el área de Urbanismo sospecha que se está produciendo en el número 50 de la calle La Estación. El edificio, que hace dos años llegó a albergar la sede del Mirandés, tiene un único propietario y un grueso expediente con un sinfín de quejas vecinales.
EL CORREO reveló en agosto la situación que se estaba produciendo con un patio plagado de ratas, palomas y cucarachas como consecuencia del abandono de ese bloque. Los vecinos de las viviendas próximas estaban sufriendo las consecuencias. Es más, se advertía incluso de riesgos para la salud. El Servicio Sanitario de la Junta confirmó el 30 de agosto que, efectivamente, «el patio no reúne las condiciones de salubridad mínimas debiéndose adoptar medidas al respecto».
Y éstas ya han sido notificadas a la propiedad, que dispone de un plazo ajustado para acometerlas. Se la ordena, de entrada, la retirada y limpieza de «todas las deyecciones de palomas del interior del inmueble y patio interior». También se obliga a demoler o reconstruir las edificaciones de la planta baja del mismo patio -donde un vecino se dedicaba a criar gallinas-.
Asimismo, y dado el carácter de protección estructural que tiene este bloque de viviendas, se pide que se retiren o repongan los elementos de la cubierta y las fachadas que pudieran desprenderse tanto hacia la calle como al patio (tejas, aleros, chimeneas, antenas, canalones, bajantes, revocos, cerrajerías, cristales, galerías, balcones o cristaleras).
El propietario tendrá que acometer también la revisión del tejado para evitar la entrada de agua y «clausurar todos aquellos espacios o huecos por los que pudieran entrar las palomas». Dispone de diez días para alegar y presentar documentos «en defensa de su derecho».
En torno a un mes
Superado ese primer plazo tendría en torno a un mes para afrontar las reformas que se le exigen, cuyo coste económico debe también asumir salvo que su valor exceda al de conservación tipificado legalmente. En tal caso, el exceso lo asumiría el Ayuntamiento.
La orden dictada, a la que ha tenido acceso este periódico, prevé el supuesto de una actuación subsidiaria de la administración. Esta puede ser acordada de forma unilateral atendiendo «al deber legal de conservación» del inmueble y siempre «previo apercibimiento al interesado». En caso de que se valore la existencia de un riesgo inmediato «para la seguridad de bienes o personas, o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, el Ayuntamiento debe optar por la ejecución subsidiaria».
Antes de esta orden se han realizado limpiezas puntuales de la zona ordenadas desde Urbanismo. «Ahora lo que está claro es que los vecinos pueden estar seguros de que vamos a seguir adelante con el tema porque los propietarios tienen la obligación legal de mantener y conservar», zanjó.
La responsable de Urbanismo, Aitana Hernando, recalca que la mayoría de los edificios «están bien catalogados», pero existirían otros «que son 'irrehabilitables' y con los que convendría estudiar de forma sería» el paso de una protección estructural -mucho más rigurosa- a otra de carácter ambiental. Este caso ya tiene un precedente en el edificio de Ciudad de Toledo que, finalmente pudo echarse abajo y se reconstruye siguiendo las líneas arquitectónicas del inmueble original.
La actualización de los grados de protección, siempre de forma puntual, es una «posibilidad» que requerirá un informe técnico más concienzudo que tendría que realizar el propio Ayuntamiento. Sólo si se considerase preceptiva la medida llegaría a aplicarse esa revisión. Lo que sí es evidente es que en ningún caso la actitud del propietario puede marcar un relajo en el grado de amparo que se le ha otorgado al edificio.
Ruina económica
Y es que no es la primera vez que los dueños buscan una declaración de ruina económica mediante el abandono del inmueble con los consiguientes problemas que esta situación genera en su entorno. Es, de hecho, lo que el área de Urbanismo sospecha que se está produciendo en el número 50 de la calle La Estación. El edificio, que hace dos años llegó a albergar la sede del Mirandés, tiene un único propietario y un grueso expediente con un sinfín de quejas vecinales.
EL CORREO reveló en agosto la situación que se estaba produciendo con un patio plagado de ratas, palomas y cucarachas como consecuencia del abandono de ese bloque. Los vecinos de las viviendas próximas estaban sufriendo las consecuencias. Es más, se advertía incluso de riesgos para la salud. El Servicio Sanitario de la Junta confirmó el 30 de agosto que, efectivamente, «el patio no reúne las condiciones de salubridad mínimas debiéndose adoptar medidas al respecto».
Y éstas ya han sido notificadas a la propiedad, que dispone de un plazo ajustado para acometerlas. Se la ordena, de entrada, la retirada y limpieza de «todas las deyecciones de palomas del interior del inmueble y patio interior». También se obliga a demoler o reconstruir las edificaciones de la planta baja del mismo patio -donde un vecino se dedicaba a criar gallinas-.
Asimismo, y dado el carácter de protección estructural que tiene este bloque de viviendas, se pide que se retiren o repongan los elementos de la cubierta y las fachadas que pudieran desprenderse tanto hacia la calle como al patio (tejas, aleros, chimeneas, antenas, canalones, bajantes, revocos, cerrajerías, cristales, galerías, balcones o cristaleras).
El propietario tendrá que acometer también la revisión del tejado para evitar la entrada de agua y «clausurar todos aquellos espacios o huecos por los que pudieran entrar las palomas». Dispone de diez días para alegar y presentar documentos «en defensa de su derecho».
En torno a un mes
Superado ese primer plazo tendría en torno a un mes para afrontar las reformas que se le exigen, cuyo coste económico debe también asumir salvo que su valor exceda al de conservación tipificado legalmente. En tal caso, el exceso lo asumiría el Ayuntamiento.
La orden dictada, a la que ha tenido acceso este periódico, prevé el supuesto de una actuación subsidiaria de la administración. Esta puede ser acordada de forma unilateral atendiendo «al deber legal de conservación» del inmueble y siempre «previo apercibimiento al interesado». En caso de que se valore la existencia de un riesgo inmediato «para la seguridad de bienes o personas, o de deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, el Ayuntamiento debe optar por la ejecución subsidiaria».
Antes de esta orden se han realizado limpiezas puntuales de la zona ordenadas desde Urbanismo. «Ahora lo que está claro es que los vecinos pueden estar seguros de que vamos a seguir adelante con el tema porque los propietarios tienen la obligación legal de mantener y conservar», zanjó.
