El calvario de estas diez familias comenzó el día en que, hace unos siete años, uno de los vecinos alquiló el piso a otra persona que, a su vez, la subarrendaba a inmigrantes por unos 200 euros.
«Los ruidos eran insoportables. Se oían carreras por la casa, cómo corrían las camas por las noches, por no hablar de los frecuentes altercados...», relata un vecino. En la casa, los inmigrantes se 'acomodaban' donde podían: las habitaciones acogían tres hileras de literas e incluso la cocina o el pasillo servían de improvisado dormitorio. La terraza, al parecer, había sido habilitada como armario.
Hartos de las constantes molestias, la comunidad comenzó a interponer denuncias. «Y por fin nos han dado la razón», se felicitan. Tal era su desesperación, que llegaron a contratar un detective privado con el fin de demostrar que el piso era un hostal encubierto y lograr así su clausura por carecer de licencia de actividad. Pero tampoco esta vía dio resultado y, al final, un tribunal ha reconocido las molestias que el 'piso patera' generaba a la comunidad.







