VIZCAYA
Los afectados organizan un encierro en los consistorios
07.10.07 -
Dentro de los estrechos márgenes que les deja la «desesperada realidad» que viven desde hace más de una década, los afectados por sentencias de derribo en Cantabria se felicitan por la «sensibilidad» mostrada por las empresas. Para ellos, la falta de ofertas para ejecutar las obras supone un soplo de esperanza y, sobre todo, un plazo de tiempo extra.
La controvertida situación a la que ahora se enfrenta la Administración les ha hecho albergar la esperanza de que las autoridades «reflexionen» y acepten alternativas a las demoliciones. No en vano, el Ejecutivo regional ya se mostró partidario de atajar el problema con la transferencia de los aprovechamientos urbanísticos y la revisión de los planeamientos municipales. Ahora bien, también advirtió de que «la ley hay que cumplirla y las casas condenadas deben ser derribadas».
Puestos en esa tesitura, los afectados, en su mayoría vizcaínos, quieren contar con nuevas viviendas antes de que se ejecuten los derribos. Y lo mismo ocurre con las indemnizaciones a las que tienen derecho, que oscilan entre 9.000 y 12.000 euros, en concepto de daños morales, aunque el Tribunal Supremo ratificó hace un año que los propietarios no verían un euro hasta que sus casas quedasen reducidas a escombros.
De momento, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a unas 2.500 personas afectadas, ha establecido un nuevo calendario de movilizaciones para garantizar el mantenimiento de sus casas. Si bien el mes que viene recorrerán distintos puntos de la región hasta llegar a Santander a bordo del llamado 'Tren de los inocentes', en diciembre tienen previsto encerrarse en el Ayuntamiento de Arnuero o en el de Argoños, «en el que en peor situación se encuentre en ese momento».
Finalmente, el próximo año, en torno al mes de junio, convocarán «una gran manifestación» a la que invitarán a familias de toda España que soporten una situación similar a la suya.
La controvertida situación a la que ahora se enfrenta la Administración les ha hecho albergar la esperanza de que las autoridades «reflexionen» y acepten alternativas a las demoliciones. No en vano, el Ejecutivo regional ya se mostró partidario de atajar el problema con la transferencia de los aprovechamientos urbanísticos y la revisión de los planeamientos municipales. Ahora bien, también advirtió de que «la ley hay que cumplirla y las casas condenadas deben ser derribadas».
Puestos en esa tesitura, los afectados, en su mayoría vizcaínos, quieren contar con nuevas viviendas antes de que se ejecuten los derribos. Y lo mismo ocurre con las indemnizaciones a las que tienen derecho, que oscilan entre 9.000 y 12.000 euros, en concepto de daños morales, aunque el Tribunal Supremo ratificó hace un año que los propietarios no verían un euro hasta que sus casas quedasen reducidas a escombros.
De momento, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a unas 2.500 personas afectadas, ha establecido un nuevo calendario de movilizaciones para garantizar el mantenimiento de sus casas. Si bien el mes que viene recorrerán distintos puntos de la región hasta llegar a Santander a bordo del llamado 'Tren de los inocentes', en diciembre tienen previsto encerrarse en el Ayuntamiento de Arnuero o en el de Argoños, «en el que en peor situación se encuentre en ese momento».
Finalmente, el próximo año, en torno al mes de junio, convocarán «una gran manifestación» a la que invitarán a familias de toda España que soporten una situación similar a la suya.
