Arnuero y Argoños
Los jueces obligarán al Gobierno cántabro a ejecutar los derribos de viviendas ilegales
Los ayuntamientos de Arnuero y Argoños no consiguen adjudicar las demoliciones porque ninguna empresa está dispuesta a llevarlas a cabo
PROTESTAS. Vecinos de la urbanización Pueblo del Mar de Argoños se manifiestan por la orden de derribo de sus viviendas. / GNACIO PEREZ
SENTENCIADAS
Los tribunales podrían obligar al Gobierno de Cantabria a ejecutar por sus propios medios las sentencias de derribo que pesan sobre medio millar de viviendas ilegales en la región si persiste la negativa de las empresas del sector a llevar a cabo las obras. La alarma ha saltado en los municipios de Arnuero y Argoños. Los dos ayuntamientos fueron los primeros requeridos por los jueces para cumplir sus resoluciones y reducir a escombros 42 apartamentos y 19 chalés, respectivamente. Pero en ambos casos la situación permanece bloqueada.
Con el fin de acatar las órdenes del juzgado, los dos consistorios sacaron a concurso las demoliciones. Pero la «presión social» echó para atrás a las empresas que, en un principio, estuvieron interesadas en ejecutar los polémicos trabajos. Así las cosas, los responsables municipales han informado a los tribunales de la situación para que les digan qué hacer.
La convocatoria de nuevos concursos para adjudicar los derribos no parece factible a tenor de la espantada general de las constructoras. Por eso, todo apunta a que los jueces volverán a ordenar al Gobierno que ejecute las demoliciones con «sus propios medios materiales y personales», como ya hicieran en abril con la promoción El Encinar de Arnuero.
«El poder judicial debe velar por que las sentencias se ejecuten, pero no tiene los medios para hacerlo, por lo que debe ser la Administración quien se haga cargo», explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Conseguir que se ejecuten los derribos corresponde, en primera instancia, a los consistorios que, no obstante, se han topado con un obstáculo infranqueable. Las constructoras no están dispuestas a asumir la «publicidad negativa» y el coste social que les acarrearía aceptar este trabajo.
Esta situación quedó al descubierto cuando el Ayuntamiento de Arnuero inició las gestiones para echar abajo los primeros 42 apartamentos ilegales de El Encinar. La institución local adjudicó los derribos a la empresa Erri Berri, que debía cumplir su cometido para finales de 2006. Pero la firma navarra pronto empezó a dudar. «Nadie nos había dicho que había vecinos afectados de por medio», se defendieron sus responsables. Fue entonces, cuando el Consistorio y la constructora entraron en una espiral de ultimátums y silencios que forzó la intervención directa de las autoridades judiciales.
Recursos agotados
Ante la incapacidad del Ayuntamiento para resolver el problema y «agotados los recursos» para hacer efectiva la orden de derribo, un juez involucró por primera vez al Ejecutivo cántabro en el controvertido asunto y le ordenó que se hiciera cargo de la demolición.
La negativa del Gobierno regional no se hizo esperar. Primero, alegó que la institución local «no había agotado todas sus posibilidades» para acatar la sentencia, y después presentó un recurso de súplica que fue estimado porque, tras la renuncia de Erri Berri, «aún constaban otros dos licitadores» para llevar a cabo los derribos de El Encinar.
Pero las cosas han cambiado. La constructora que quedó en segundo lugar en el concurso, la UTE Cenavi-Bedia, ya no está por la labor. «Esto no interesa a nadie. Nosotros nos presentamos porque las dos primeras estructuras, que están vacías, son nuestras y no sacamos rendimiento de ellas, pero jamás derribaríamos viviendas habitadas», apuntan fuentes de la empresa. Mientras, la tercera en la lista, Fernández Rosillo, justifica su retirada por las «cartas en tono amenazante» que dice haber recibido de los propietarios afectados.
Pero la polémica surgida en Arnuero no ha sido nada comparada con la vivida en Argoños, donde el Ayuntamiento debe forzar el derribo de las 19 viviendas de la urbanización Las Llamas I, que están habitadas. De hecho, el concurso público convocado para adjudicar las obras no recibió ninguna oferta. Y existe una orden judicial que exige que las viviendas sean derruidas antes de fin de año. El alcalde, Juan José Barruetabeña, admite que «está obligado a cumplir los trámites que ordena el juez», mientras busca una solución «que no pase por derribar. Este retraso puede llevar a encontrar una alternativa», reflexiona.
Con el fin de acatar las órdenes del juzgado, los dos consistorios sacaron a concurso las demoliciones. Pero la «presión social» echó para atrás a las empresas que, en un principio, estuvieron interesadas en ejecutar los polémicos trabajos. Así las cosas, los responsables municipales han informado a los tribunales de la situación para que les digan qué hacer.
La convocatoria de nuevos concursos para adjudicar los derribos no parece factible a tenor de la espantada general de las constructoras. Por eso, todo apunta a que los jueces volverán a ordenar al Gobierno que ejecute las demoliciones con «sus propios medios materiales y personales», como ya hicieran en abril con la promoción El Encinar de Arnuero.
«El poder judicial debe velar por que las sentencias se ejecuten, pero no tiene los medios para hacerlo, por lo que debe ser la Administración quien se haga cargo», explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Conseguir que se ejecuten los derribos corresponde, en primera instancia, a los consistorios que, no obstante, se han topado con un obstáculo infranqueable. Las constructoras no están dispuestas a asumir la «publicidad negativa» y el coste social que les acarrearía aceptar este trabajo.
Esta situación quedó al descubierto cuando el Ayuntamiento de Arnuero inició las gestiones para echar abajo los primeros 42 apartamentos ilegales de El Encinar. La institución local adjudicó los derribos a la empresa Erri Berri, que debía cumplir su cometido para finales de 2006. Pero la firma navarra pronto empezó a dudar. «Nadie nos había dicho que había vecinos afectados de por medio», se defendieron sus responsables. Fue entonces, cuando el Consistorio y la constructora entraron en una espiral de ultimátums y silencios que forzó la intervención directa de las autoridades judiciales.
Recursos agotados
Ante la incapacidad del Ayuntamiento para resolver el problema y «agotados los recursos» para hacer efectiva la orden de derribo, un juez involucró por primera vez al Ejecutivo cántabro en el controvertido asunto y le ordenó que se hiciera cargo de la demolición.
La negativa del Gobierno regional no se hizo esperar. Primero, alegó que la institución local «no había agotado todas sus posibilidades» para acatar la sentencia, y después presentó un recurso de súplica que fue estimado porque, tras la renuncia de Erri Berri, «aún constaban otros dos licitadores» para llevar a cabo los derribos de El Encinar.
Pero las cosas han cambiado. La constructora que quedó en segundo lugar en el concurso, la UTE Cenavi-Bedia, ya no está por la labor. «Esto no interesa a nadie. Nosotros nos presentamos porque las dos primeras estructuras, que están vacías, son nuestras y no sacamos rendimiento de ellas, pero jamás derribaríamos viviendas habitadas», apuntan fuentes de la empresa. Mientras, la tercera en la lista, Fernández Rosillo, justifica su retirada por las «cartas en tono amenazante» que dice haber recibido de los propietarios afectados.
Pero la polémica surgida en Arnuero no ha sido nada comparada con la vivida en Argoños, donde el Ayuntamiento debe forzar el derribo de las 19 viviendas de la urbanización Las Llamas I, que están habitadas. De hecho, el concurso público convocado para adjudicar las obras no recibió ninguna oferta. Y existe una orden judicial que exige que las viviendas sean derruidas antes de fin de año. El alcalde, Juan José Barruetabeña, admite que «está obligado a cumplir los trámites que ordena el juez», mientras busca una solución «que no pase por derribar. Este retraso puede llevar a encontrar una alternativa», reflexiona.
