
El Gobierno vasco y la promotora de los pisos iniciaron hace un par de años una serie de acusaciones mutuas para justificar el deterioro del edificio. Desde el principio, la Administración autónoma responsabilizó a la empresa de lo ocurrido y la instó a reparar «con urgencia» los fallos, pero ésta no asumió su culpa y recurrió a los tribunales. La sentencia da la razón al Ejecutivo de Vitoria, que además ha abierto un expediente sancionador a la firma «por falta muy grave».
Según ha ratificado el TSJPV, el Gobierno vasco se limitó a poner a disposición de la promotora el suelo sobre el que se iba a edificar y no es responsable de los «vicios» de la construcción que luego se han detectado. La ejecución pública de la reformas, de hecho, sentaría un precedente que «no se ajustaría a la legalidad». Pero no es ésta la única carga judicial que pesa sobre la empresa. Una sentencia paralela la obliga, además, a indemnizar a algunas de las 48 familias que residen en el bloque afectado.
Cordón de seguridad
El edificio protegido, ubicado en la calle Errota Zahar del polígono San Juan, fue entregado hace justo una década. Pese a su reciente construcción, los defectos no tardaron en aparecer en forma de grietas que no han dejado de crecer con el paso de los años.
El deterioro, especialmente visible en la fachada exterior, llegó a tal punto que el Ayuntamiento de Muskiz se vio obligado, hace ya más de dos años, a vallar el perímetro del inmueble para garantizar la seguridad de los vecinos.
Pero el abandono del edificio a su suerte pudo haber acabado en tragedia el 26 de agosto, cuando tuvo lugar el desprendimiento a la vía pública de varios cascotes de ladrillo y cemento. El desplome se produjo cuando la calle estaba atestada de gente, aunque por fortuna no provocó daños personales.
Ante la pasividad de los responsables, el Consistorio decidió apuntalar las zonas de la fachada con mayor riesgo y acordonar el entorno para evitar nuevos casos similares. Ahora derivará los gastos de su actuación a la constructora.









