
El pleno del Ayuntamiento de Castro aprobó ayer, con el voto en contra del PSOE, un incremento del 9,9% anual del IBI. No obstante, el bolsillo de aquellos vecinos que estén empadronados o lo hagan antes del 31 de marzo de 2008 sufrirá bastante menos que el de aquellos que permanezcan fuera de las listas oficiales, que se verán penalizados. Así, el Consistorio rebajará un 6% este impuesto a los 31.000 residentes censados y a los que den el paso de normalizar su situación, por lo que para ellos la subida será, a efectos prácticos, del 3,9%, al igual que el año pasado. Además, habrá una bonificación añadida del 2% para quienes domicilien su recibo relativo al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
El IBI se aplica tanto a los empadronados como a los que no lo están y reporta a la arcas municipales unos siete millones. Sin embargo, si el número de censados aumenta, aproximándose a la cifra real de residentes, el Ayuntamiento percibiría unos 5.000.000 euros más en ayudas económicas para servicios e infraestructuras por parte de las administraciones central y regional. Esto es así porque Castro pasaría a la escala de los municipios con más de 50.000 habitantes. Por tanto, cabe aclarar que esta inyección de dinero no procede de la recaudación directa del IBI, sino de un aumento de los pluses de 174 euros anuales por habitante que otorga el Gobierno de Cantabria por empadronado.
Deficiencias sanitarias
Los socialistas se opusieron, con matices, a esta estrategia basada en la «discriminación positiva» hacia los empadronados. Consideran «un despropósito castigar a quienes hayan elegido venir a vivir a Castro Urdiales».
Por su parte, el edil de Hacienda, el popular José Miguel Rodríguez, defendió que la medida busca ofrecer «otro motivo para empadronarse» a los que no lo han hecho aún mientras llegan las mejoras sanitarias que dependen del Gobierno regional y que se encuentran paralizadas, como el hospital y el centro de salud de Cotolino. Y es que el pobre servicio sanitario que ofrece la localidad cántabra es uno de los factores que frenan a buena parte de ese 54% de residentes, vizcaínos en su mayoría, que permanecen sin empadronar y siguen beneficiándose del sistema vasco.









