
En la sesión plenaria del pasado mes de junio, el gabinete que lidera Juan Antonio Olagüenaga aprobó las retibuciones de los concejales para la legislatura que acaba de comenzar. Fue en aquella ocasión cuando Oqueranza oyó hablar por primera vez de la figura de las 'reuniones', nombre con el que aparecen reflejadas en el acta de aquel pleno. Ya entonces, tanto él, como el edil de EA, se opusieron. Su postura no sirvió de mucho, dado que el PNV gobierna con mayoría en Orozko.
Aquellas iniciales suspicacias fueron a mayores al comprobar que, desde entonces, los encuentros se han venido produciendo con creciente frecuencia. De hecho, durante los meses de julio y agosto, de tradicional parón municipal por las vacaciones de verano, se produjeron una treintena. El problema no sería más que una mera anécdota de no ser «porque los asistentes a los encuentros cobran 36 euros cada vez que van», detalló Oqueranza. «Sumando las que se han producido hasta septiembre, las arcas municipales han desembolsado ya 12.000 euros. Si esto sigue así, en tres años será un dineral», advirtió el edil, quien precisó que las reuniones se realizan con «más asiduidad que las comisiones de gobierno».
A juicio del popular, «estas juntas no tienen ningún tipo de encaje en la legislación municipal, y además no están sometidas a ningún tipo de control o límite». Así, «el equipo de gobierno no nos ha precisado cuántas personas las componen, ni su peridiocidad, ni siquiera el objeto por el cual se convocan», apostilló el portavoz del PP. Tras pedir explicaciones al alcalde, el portavoz popular en Orozko ha solicitado al Consistorio que se revoque el acuerdo que habilitó los pagos. «Si no lo hacen acudiremos a los tribunales», anunció Tomás Oqueranza.
«Dentro de la legalidad»
Juan Antonio Olagüenaga, por su parte, aseguró que todas las actuaciones llevadas a cabo en el Ayuntamiento «están dentro de la legalidad». «Se trata de reuniones preparatorias con asociaciones y colectivos del municipio, informativas o ejecutivas», precisó el alcalde, que no concretó la normativa que ampara este tipo de encuentros.
No obstante, el jeltzale insistió en que esta posibilidad está «estipulada por ley» y aseguró que este tipo de comisiones ya se llevan a cabo en municipios «como Miraballes y Arrigorriaga». Ambos ayuntamientos, sin embargo, desmintieron ayer a EL CORREO este extremo, del que manifestaron incluso «no tener noticias».
El regidor enmarcó las críticas del PP en el hecho de que Oqueranza «ya no percibe los 300 euros de fijo que él y el resto de los ediles ingresaban en la legislatura pasada en concepto de 'asistencia'». «Éso es lo que le molesta», zanjó.









