
La gran apuesta de José Luis Bilbao ha resultado muy complicada. Especialmente en Ortuella y Trapagaran, donde las discrepancias con los ayuntamientos frenan las promociones más ambiciosas. En total, 1.738 viviendas siguen en fase de planeamiento urbanístico, un proceso que Garamendi confía en «desbloquear» en breve. De otras 379 se está redactando el proyecto. 240 están ya en licitación, a punto de adjudicar los trabajos, y 424 en construcción. Hasta principios de 2008 no se esperan entregas de llaves. Las obras están muy avanzadas, por ejemplo, en Lekeitio y Abanto.
Los pisos tendrán una superficie útil de entre 75 y 80 metros cuadrados y un precio medio de 136.000 euros. La Diputación invertirá 378 millones en la adquisición de suelo y ha reservado otros 460 para la segunda fase del plan, que se desarrollará en «30 o 40 municipios». En este caso, el precio medio de las viviendas, unas 3.000, será algo más elevado, en torno a 154.000 euros. Las cifras no están cerradas del todo. Lo que sí está claro es el empeño del Gobierno foral por «no reducir, sino ampliar» su intervención en este campo.
Alquiler o propiedad
Itziar Garamendi reafirmó ayer este compromiso en respuesta a las críticas de la oposición. Jonathan Martínez, de Ezker Batua, le pidió que «congele» el plan. «Me gustaría que terminara con los proyectos en ejecución e hiciera tabla rasa», dijo. «Hay que pensar si la vivienda tasada responde realmente a las necesidades». Joseba Gezuraga, de EA, censuró también este tipo de promociones, «las más golosas para los ayuntamientos. Hay terrenos calificados para vivienda de protección oficial que se han utilizado para edificar pisos tasados, y eso es una burrada. Desvestir a un santo para vestir a otro», resumió.
Los socialistas, que siempre se han mostrado críticos con este proyecto foral, propusieron que la segunda fase «se dirija casi exclusivamente al alquiler y no a la propiedad». Garamendi se mostró reacia a cambiar la filosofía del plan, ya que «persiste el apego cultural hacia la vivienda en propiedad frente al alquiler». La diputada aseguró que trabaja «conjuntamente» con el Gobierno vasco y puso un ejemplo de «colaboración institucional». Algunos apartados de la Ley del Suelo aprobada por el Parlamento vasco en 2006 se aplican «sólo en teoría». Aunque a la Diputación ya no le corresponde la aprobación definitiva del planeamiento de los municipios con más de 7.000 habitantes, «el Gobierno vasco nos ha pedido que informemos sobre las modificaciones que les presentan y estamos haciendo ese trabajo, que ya no es nuestra responsabilidad», concluyó.









