
La normativa fue aprobada de forma inicial por el Ayuntamiento a principios del pasado mes de enero y, desde el primer momento, encontró la oposición frontal del Partido Popular, que presentó una veintena de enmiendas al cabo de un mes. Su portavoz, Antonio Basagoiti llegó a afirmar que se trata de un documento demasiado «restrictivo» e «intervencionista», porque deja en manos del Ayuntamiento la decisión de «quién» puede vivir en estos inmuebles, pues lo limita a los inscritos en Etxebide. Además, aseguraba que el Gobierno local (PNV-EA-EB) «se está cargando el concepto de propiedad privada e incluso el de familia». En frente, se posicionaron tanto EB como el PSE, que abogaban por frenar, de esta forma, la especulación.
Requisitos de protección
Once meses después, Julia Madrazo se mostró convencida de que la normativa en la que se está trabajando para su aprobación definitiva «va a ser pionera, ya que se trata del primer municipio en la Comunidad Autónoma Vasca que limita el precio de estas viviendas». La decisión responde al interés de su departamento por evitar la infravivienda -«no se trata de que en cualquier sitio o en cualquier cuchitril se haga un piso»-; potenciar el pequeño comercio -«donde existe hay que priorizarlo»-; y evitar la especulación. Aseguró, asimismo, que su departamento «no obliga» a nadie a reconvertir su lonja, «pero si lo hace, que sepa que va a tener su precio limitado». «En ningún caso se plantea la especulación, y los que van a entrar en estas viviendas son gente que cumplirán los requisitos de una casa de protección», garantizó.
Para Madrazo, llegar a esta decisión ha servido «para atajar a tiempo» un problema que se está dando en otros municipios como Berriz o Sestao, por ejemplo, que han derogado o prohibido la conversión de lonjas en viviendas con el fin de evitar, precisamente, la especulación.









