El Correo Digital

Ante la publicación del Informe, la institución foral ha manifestado en un comunicado que ha actuado siempre "conforme a las reglas que emanan de la normativa vigente". Asimismo, señala que las salvedades puestas de manifiesto por el TVCP en su informe son, "como ha ocurrido en anteriores ejercicios, por diferencias de interpretación o de criterio, entre la Diputación y el órgano fiscalizador, a la hora de aplicar la normativa vigente". En ese sentido, precisa que el órgano fiscalizador "tan sólo emite su opinión de las Cuentas forales, y así debe ser entendida" y destaca que "las alegaciones de la Diputación a todas las salvedades o diferencias se encuentran también en el propio informe y forman parte del mismo".

Por otro lado, la Institución foral vizcaína destaca que, "año tras año, merced a las mejoras de gestión de la institución foral, se reducen las discrepancias de opinión y de criterio" y puntualiza que, "en todo caso, el Informe de Legalidad del TVCP emite una opinión general favorable sobre la actuación de la Diputación , en la que se indica que se ha cumplido razonablemente con la normativa vigente".

En cuanto a los aspectos concretos destacados como salvedades por el TVCP, tanto en materia de personal, contratación administrativa, ayudas a ayuntamientos, la Diputación Foral reitera que aplica adecuadamente la normativa vigente para cada uno de estos casos (Convenio Colectivo, Ley de Contratos, Norma Foral del IRPF, Norma Foral de Subvenciones, etc.) e insiste en que la discrepancia "radica en la interpretación que de estos asuntos hace el TVCP". También indica que "hay que tener en cuenta que la Diputación interpreta y aplica la normativa, para cada caso concreto, en el momento en que se producen las situaciones, mientras que el TVCP lo analiza e interpreta dos años después, cuando las ejercicios contables ya están cerrados y las actuaciones realizadas".

Informe

La controversia se ha iniciado después de que el TVCP publicara el informe de fiscalización de la actividad económico financiera de la Diputación Foral de Vizcaya y su administración institucional correspondiente al ejercicio 2005, que ha sido aprobado por mayoría de los miembros del órgano fiscalizador. En materia de personal, el órgano fiscalizador considera que no se cumple la normativa fiscal al no incluir como rendimientos de trabajo algunos pagos al personal de carácter social. También se señala en el informe que a cinco trabajadores con jubilación parcial vinculada a un contrato de relevo, se les ha concedido una licencia especial retribuida eximiéndoles de toda contraprestación.

Se incluyen, además, en el apartado de opinión de legalidad, algunos incumplimientos en la contratación administrativa. Así, se señala que distintas contrataciones, por importe total de 1,3 millones de euros, se han realizado incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia, sin que se haya justificado razonablemente la excepcionalidad para su no aplicación. También, considera el Tribunal, que no se ha cumplido la normativa vigente en la contratación de trabajos por 6,7 millones de euros, al haber realizado contrataciones individualizadas de actuaciones, que deberían haberse agrupado en expedientes homogéneos.

El órgano fiscalizador cuestiona el encaje legal de las ayudas concedidas a ayuntamientos, por importe de 2 millones de euros en concepto de imprevistos, al no considerar que los hechos subvencionables corresponden a dicho concepto. Otras 32 ayudas por importe total de 9 millones de euroshan sido concedidas directamente, principalmente a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, cuando podrían haberse encuadrado en convocatorias subvencionales abiertas a publicidad y concurrencia.