DEPORTES LA RIOJA
Núñez dice que Arrate le blindó porque el club le tuvo cinco años sin Seguridad Social
La junta directiva del Athletic mantiene en el juicio que el ex presidente le firmó el contrato en 1998 «sin tener poderes de la junta directiva» La sentencia sobre la demanda del ex delegado se emitirá en quince días
16.11.07 -
DIRECTIVOS EN PRIMERA FILA. La familia de Núñez en la segunda, a la derecha. / IGNACIO PÉREZ
Antonio Bartolomé, abogado de José María 'Txato' Núñez mantuvo ayer que el ex presidente José María Arrate le firmó el contrato blindado el 1 de julio de 1998 porque anteriormente había ejercido durante cinco años sus funciones de delegado del primer equipo sin cotizar a la Seguridad Social y le quería compensar así porque su único deseo era «seguir trabajando y jubilarse en el club». Ésta fue una de las grandes revelaciones que aportaron ayer las partes implicadas en la vista oral de las demandas presentadas por el ex delegado, quien reclama al club y a Fernando García Macua como «responsable solidario» una indemnización de 1.151.518,16 euros, 901.518,16 por «extinción del contrato» firmado por Arrate y los otros 250.000 por «daños físicos y morales».
Por primera vez desde que estalló el caso, el representante legal de Nuñez hizo ayer referencia a los argumentos que se barajaron en 1998 para firmar el blindaje. «Hasta ahora no lo habíamos dicho, pero lo vamos a decir. ¿Por qué se firmó ese contrato? y ¿por qué se hizo en 1998 y no al principio (1990)?», clamó de repente su abogado, Antonio Bartolomé.
Guardó silencio y prosiguió su relato. Núñez empezó a trabajar como delegado en 1990, pero durante los cinco primeros años lo hizo sin estar dado de alta ni cotizar a la Seguridad Social. «De repente alguien en el club repara en que esa irregularidad iba a tener una incidencia en su jubilación. Se le había hecho un daño. Y se le planteó a Núñez: 'Me comprometo a que te jubiles en el Athletic'. Para eso se firma un blindaje que desmotiva a quien le quiere despedir». El letrado añadió que Núñez cobra 18.854,90 euros al mes.
Otra versión
La versión del club es radicalmente distinta. «Estas cláusulas se ponen normalmente al inicio de los contratos en busca de estabilidad. No era el caso porque llevaba ocho años en el club», indicó Gotzon Kobeaga, abogado rojiblanco.
Llegado a este punto, el letrado lanzó el principal golpe de efecto de la defensa. Según Kobeaga, el contrato blindado que quiere ejecutar Núñez no tiene validez en la jurisdicción mercantil porque en ningún acta de las juntas realizadas a partir de 1997, año de su reelección como presidente, consta que sus compañeros de junta le hubieran delegado poderes para establecer ese compromiso.
El argumento del club es que, a su llegada al poder, en 1994, Arrate pidió a sus compañeros de junta que le cedieran poderes para firmar contratos, lo que hicieron. Pudo cerrar así otro blindado polémico, el del ex gerente Fernando Ochoa, firmado en julio de 1996.
Pero esta cesión de poderes llegó a su fin cuando Arrate dimitió en 1997 para convocar elecciones, a las que sólo él se presentó. En el momento en el que retomó las riendas del club, no se repitió una nueva cesión de poderes de la junta. Esto hace interpretar a la actual directiva que se quedó únicamente con las funciones que los Estatutos confieren al presidente, capacidad para representar al club. El representante del Athletic mantiene que en este escenario el contrato es nulo.
Además, señaló que Núñez sabía perfectamente que fue firmado de manera «al menos torticera». «La jurisdicción mercantil dice que los contratos deben ser firmados de buena fe. Núñez entró en 1990 como directivo y al poco pasó a ser delegado. Él sabía que el presidente no tenía capacidad para firmar ese contrato», dijo Kobeaga.
El abogado de Macua, Nazario de Oleaga, decano del Colegio de Vizcaya, remachó que el «contrato blindado probablemente se hizo en connivencia con quien se consideraba un empleado privilegiado».
Para el representante de Núñez, éste es un asunto que no resta ningún valor legal al documento. «El que firma el contrato es Arrate como presidente, al que se le suponen las facultades. Si no las tiene, quien menos lo sabe es el trabajador. Además, en todo momento se ha cumplido lo firmado».
La juez Inmaculada López Lluch, del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao, dejó visto el caso para sentencia. Las fuentes consultadas prevén que llegará en un plazo de quince días.
Por primera vez desde que estalló el caso, el representante legal de Nuñez hizo ayer referencia a los argumentos que se barajaron en 1998 para firmar el blindaje. «Hasta ahora no lo habíamos dicho, pero lo vamos a decir. ¿Por qué se firmó ese contrato? y ¿por qué se hizo en 1998 y no al principio (1990)?», clamó de repente su abogado, Antonio Bartolomé.
Guardó silencio y prosiguió su relato. Núñez empezó a trabajar como delegado en 1990, pero durante los cinco primeros años lo hizo sin estar dado de alta ni cotizar a la Seguridad Social. «De repente alguien en el club repara en que esa irregularidad iba a tener una incidencia en su jubilación. Se le había hecho un daño. Y se le planteó a Núñez: 'Me comprometo a que te jubiles en el Athletic'. Para eso se firma un blindaje que desmotiva a quien le quiere despedir». El letrado añadió que Núñez cobra 18.854,90 euros al mes.
Otra versión
La versión del club es radicalmente distinta. «Estas cláusulas se ponen normalmente al inicio de los contratos en busca de estabilidad. No era el caso porque llevaba ocho años en el club», indicó Gotzon Kobeaga, abogado rojiblanco.
Llegado a este punto, el letrado lanzó el principal golpe de efecto de la defensa. Según Kobeaga, el contrato blindado que quiere ejecutar Núñez no tiene validez en la jurisdicción mercantil porque en ningún acta de las juntas realizadas a partir de 1997, año de su reelección como presidente, consta que sus compañeros de junta le hubieran delegado poderes para establecer ese compromiso.
El argumento del club es que, a su llegada al poder, en 1994, Arrate pidió a sus compañeros de junta que le cedieran poderes para firmar contratos, lo que hicieron. Pudo cerrar así otro blindado polémico, el del ex gerente Fernando Ochoa, firmado en julio de 1996.
Pero esta cesión de poderes llegó a su fin cuando Arrate dimitió en 1997 para convocar elecciones, a las que sólo él se presentó. En el momento en el que retomó las riendas del club, no se repitió una nueva cesión de poderes de la junta. Esto hace interpretar a la actual directiva que se quedó únicamente con las funciones que los Estatutos confieren al presidente, capacidad para representar al club. El representante del Athletic mantiene que en este escenario el contrato es nulo.
Además, señaló que Núñez sabía perfectamente que fue firmado de manera «al menos torticera». «La jurisdicción mercantil dice que los contratos deben ser firmados de buena fe. Núñez entró en 1990 como directivo y al poco pasó a ser delegado. Él sabía que el presidente no tenía capacidad para firmar ese contrato», dijo Kobeaga.
El abogado de Macua, Nazario de Oleaga, decano del Colegio de Vizcaya, remachó que el «contrato blindado probablemente se hizo en connivencia con quien se consideraba un empleado privilegiado».
Para el representante de Núñez, éste es un asunto que no resta ningún valor legal al documento. «El que firma el contrato es Arrate como presidente, al que se le suponen las facultades. Si no las tiene, quien menos lo sabe es el trabajador. Además, en todo momento se ha cumplido lo firmado».
La juez Inmaculada López Lluch, del Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao, dejó visto el caso para sentencia. Las fuentes consultadas prevén que llegará en un plazo de quince días.
