sólo el 10% de los pisos es de protección ahora
Las promotoras deberán ceder más suelo a los ayuntamientos para construir VPO
El Gobierno vasco prepara una ley para subir al 15% el aprovechamiento urbanístico y dotar de mayores recursos económicos a los municipios
MADRAZO quiere aprobar la ley a mediados de 2008. / EL CORREO
Las constructoras se verán pronto obligadas a ceder más suelo a los ayuntamientos vascos para levantar pisos protegidos y de alquiler social. Del 10% de edificabilidad urbanística o aprovechamiento al que actualmente tienen derecho los municipios, se pasará a un 15% merced a una nueva ley de artículo único que ha preparado el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco. La iniciativa, impulsada en coordinación con Eudel, supondrá un espaldarazo a la financiación local al incrementarse en un 50% los recursos de los que los consistorios disponen para ofertar pisos baratos. «Es un salto muy importante, porque no sólo van a tener más parcelas para hacer VPO sino también más recursos económicos», auguró ayer en Barakaldo el el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo.
Esa inyección económica solamente podrá redundar en mejoras urbanísticas. La reglamentación determinará, en este sentido, que los beneficios obtenidos por esta vía deberán ser destinados a la promoción de vivienda protegida o, en su defecto, «a actuaciones de regeneración urbana, rehabilitación patrimonial o equipamientos para la comunidad». Los ayuntamientos aún tendrán que esperar para reforzar sus plusvalías, ya que la entrada en vigor de la ley no es posible hasta finales de 2008.
Por ahora, el acuerdo con las instituciones municipales a través de Eudel se ha plasmado en un anteproyecto. La idea de Madrazo es aprobar la normativa «a mediados del año que viene». De ahí que el texto vaya a ser sometido a información pública la semana que viene para ser previsiblemente remitido al Parlamento vasco «antes del mes de febrero».
El consejero de Vivienda ve la reglamentación como un complemento a la reciente Ley del Suelo, que ya dotaba de muchas herramientas a las administraciones locales. «Ahora le damos otra más para que se impliquen con más determinación todavía y con mayores objetivos en la promoción de VPO», valoró Javier Madrazo, que anunció la reforma legislativa en la primera Jornada Interinstitucional para el Desarrollo de la Vivienda (BIGA) organizada ayer por el propio Ejecutivo autónomo en el BEC. A la cita acudieron 250 personas y un centenar de ayuntamientos de Euskadi en representación del 70% de la población vasca. No faltaron el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, ni su vicepresidente y alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez.
Cooperación institucional
Ante los representantes locales, Madrazo ensalzó la labor de los ayuntamientos y reiteró que la cooperación interinstitucional «se presenta como un imperativo ineludible en el trabajo por la resolución del problema de la vivienda en nuestros pueblos y ciudades». Los jóvenes continúan siendo el principal caballo de batalla. Para garantizar su derecho a una vivienda digna, el mandatario abogó por que las hipotecas no superen el 30% de los ingresos familiares.
Sin la implicación de los ayuntamientos, el responsable vasco de Vivienda asegura que «poco puede hacer» por promover políticas sobre el terreno que respondan a esta creciente demanda ciudadana. A lo largo de los últimos seis años, el Departamento ha firmado 150 convenios con los consistorios, lo que va a posibilitar la edificación de 35.000 inmuebles protegidos. Junto a estos datos, Madrazo presentó como logros «importantes operaciones de rehabilitación» y las 3.700 viviendas vacías movilizadas hacia el alquiler social a través del programa Bizigune.
Esa inyección económica solamente podrá redundar en mejoras urbanísticas. La reglamentación determinará, en este sentido, que los beneficios obtenidos por esta vía deberán ser destinados a la promoción de vivienda protegida o, en su defecto, «a actuaciones de regeneración urbana, rehabilitación patrimonial o equipamientos para la comunidad». Los ayuntamientos aún tendrán que esperar para reforzar sus plusvalías, ya que la entrada en vigor de la ley no es posible hasta finales de 2008.
Por ahora, el acuerdo con las instituciones municipales a través de Eudel se ha plasmado en un anteproyecto. La idea de Madrazo es aprobar la normativa «a mediados del año que viene». De ahí que el texto vaya a ser sometido a información pública la semana que viene para ser previsiblemente remitido al Parlamento vasco «antes del mes de febrero».
El consejero de Vivienda ve la reglamentación como un complemento a la reciente Ley del Suelo, que ya dotaba de muchas herramientas a las administraciones locales. «Ahora le damos otra más para que se impliquen con más determinación todavía y con mayores objetivos en la promoción de VPO», valoró Javier Madrazo, que anunció la reforma legislativa en la primera Jornada Interinstitucional para el Desarrollo de la Vivienda (BIGA) organizada ayer por el propio Ejecutivo autónomo en el BEC. A la cita acudieron 250 personas y un centenar de ayuntamientos de Euskadi en representación del 70% de la población vasca. No faltaron el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, ni su vicepresidente y alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez.
Cooperación institucional
Ante los representantes locales, Madrazo ensalzó la labor de los ayuntamientos y reiteró que la cooperación interinstitucional «se presenta como un imperativo ineludible en el trabajo por la resolución del problema de la vivienda en nuestros pueblos y ciudades». Los jóvenes continúan siendo el principal caballo de batalla. Para garantizar su derecho a una vivienda digna, el mandatario abogó por que las hipotecas no superen el 30% de los ingresos familiares.
Sin la implicación de los ayuntamientos, el responsable vasco de Vivienda asegura que «poco puede hacer» por promover políticas sobre el terreno que respondan a esta creciente demanda ciudadana. A lo largo de los últimos seis años, el Departamento ha firmado 150 convenios con los consistorios, lo que va a posibilitar la edificación de 35.000 inmuebles protegidos. Junto a estos datos, Madrazo presentó como logros «importantes operaciones de rehabilitación» y las 3.700 viviendas vacías movilizadas hacia el alquiler social a través del programa Bizigune.
