siete años de litigio
El Gobierno vasco se niega a analizar si el lindane almacenado en Barakaldo afectó a la salud
El Servicio de Peritaciones dice que carece de «técnicos cualificados» para evaluar las posibles secuelas sobre la población
Pabellón de Bilbao Chemicals donde se almacenó el pesticida. / EFE
CRONOLOGÍA
El estudio epidemiológico a la población de Barakaldo tendrá que esperar. A pesar de que el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad ha ordenado su realización, el Servicio Vasco de Peritaciones no está dispuesto a asumir un análisis que, después de siete años de litigios, permitiría determinar la incidencia del almacenamiento «clandestino» de lindane por parte de la sociedad pública Ihobe en los terrenos ocupados ahora por el BEC. La última providencia del juez dice que el examen deberá ser obra de un experto «propuesto por la parte querellante» -la asociación ecologista Lur Maitea- o «por el técnico o perito que corresponda en la materia». Los peritos del Departamento de Justicia del Gobierno vasco han contestado, no obstante, que este tipo de medidas no entran dentro de sus competencias.
Para justificar su negativa, el organismo alega que carece de «técnicos cualificados» en la materia. De ahí que deriven la responsabilidad en los conservacionistas, sin recursos suficientes para asumir los costes. Nada más conocer la decisión, Lur Maitea ha cargado con dureza contra el Ejecutivo autónomo. «Está negando a toda la población envenenada la posibilidad de conocer el grado de intoxicación que sufren y las secuelas», denunció ayer la portavoz del colectivo, Consuelo Elosua. Los ecologistas reclaman la contratación de un afamado especialista para realizar el análisis.
La demanda del estudio se argumenta en los «riesgos a la salud de las personas» que, según el Instituto Nacional de Toxicología, provocó el acopio de lindane en las antiguas instalaciones de Bilbao Chemicals e Idanor. El Gobierno vasco se hizo con los terrenos en 1995 y derivó a la sociedad ambiental Ihobe la gestión de dos almacenes con el pesticida hasta 2002.
La entidad dependiente de la consejería de Medio Ambiente de la Administración autonómica mantuvo operativa durante dos años la planta de tratamiento que instaló en Barakaldo y que permitió transformar casi 5.000 toneladas de lindane puro en triclorobenceno, un material útil en la elaboración de varios productos industriales.
Indicios de criminalidad
La Audiencia Provincial aprecia, en cualquier caso, «indicios racionales de criminalidad» en la actuación del organismo en la vega de Ansio. Según recoge su último auto -el que ahora asimila el Juzgado de Instrucción baracaldés-, «Ihobe carecía de licencia de gestor para el vertedero de los residuos procedentes de la excavación del centro comercial Max Center», que se prolongó durante seis años. Además, «no consta» que la empresa pública tuviera permiso para verter residuos en los cercanos ríos Castaños y Galindo.
Lur Maitea hizo un llamamiento a la ciudadanía «que considere haberse visto afectada» por el pesticida tóxico para que se ponga en contacto con ellos. Sería el modo de canalizar a los ciudadanos hacia el doctor que luego realice los exámenes médicos, consistentes básicamente en medir «el nivel de lindane en sangre». Para llevar a cabo la iniciativa, hará falta un local de grandes dimensiones. Consuelo Elosua pidió, por ello, la colaboración del Ayuntamiento de Barakaldo para que les ceda un recinto en condiciones.
Para justificar su negativa, el organismo alega que carece de «técnicos cualificados» en la materia. De ahí que deriven la responsabilidad en los conservacionistas, sin recursos suficientes para asumir los costes. Nada más conocer la decisión, Lur Maitea ha cargado con dureza contra el Ejecutivo autónomo. «Está negando a toda la población envenenada la posibilidad de conocer el grado de intoxicación que sufren y las secuelas», denunció ayer la portavoz del colectivo, Consuelo Elosua. Los ecologistas reclaman la contratación de un afamado especialista para realizar el análisis.
La demanda del estudio se argumenta en los «riesgos a la salud de las personas» que, según el Instituto Nacional de Toxicología, provocó el acopio de lindane en las antiguas instalaciones de Bilbao Chemicals e Idanor. El Gobierno vasco se hizo con los terrenos en 1995 y derivó a la sociedad ambiental Ihobe la gestión de dos almacenes con el pesticida hasta 2002.
La entidad dependiente de la consejería de Medio Ambiente de la Administración autonómica mantuvo operativa durante dos años la planta de tratamiento que instaló en Barakaldo y que permitió transformar casi 5.000 toneladas de lindane puro en triclorobenceno, un material útil en la elaboración de varios productos industriales.
Indicios de criminalidad
La Audiencia Provincial aprecia, en cualquier caso, «indicios racionales de criminalidad» en la actuación del organismo en la vega de Ansio. Según recoge su último auto -el que ahora asimila el Juzgado de Instrucción baracaldés-, «Ihobe carecía de licencia de gestor para el vertedero de los residuos procedentes de la excavación del centro comercial Max Center», que se prolongó durante seis años. Además, «no consta» que la empresa pública tuviera permiso para verter residuos en los cercanos ríos Castaños y Galindo.
Lur Maitea hizo un llamamiento a la ciudadanía «que considere haberse visto afectada» por el pesticida tóxico para que se ponga en contacto con ellos. Sería el modo de canalizar a los ciudadanos hacia el doctor que luego realice los exámenes médicos, consistentes básicamente en medir «el nivel de lindane en sangre». Para llevar a cabo la iniciativa, hará falta un local de grandes dimensiones. Consuelo Elosua pidió, por ello, la colaboración del Ayuntamiento de Barakaldo para que les ceda un recinto en condiciones.
