
Bilbao, Pastor y la portavoz del PNV en las Juntas Generales, Aizbea Atela, estamparon su firma en el documento mientras los diputados y los apoderados del grupo socialista seguían las intervenciones de pie. Nadie quiso perderse la foto final de un proceso que garantiza una amplísima mayoría al presupuesto foral para 2008. PNV y PSE suman 37 apoderados, el 73% de los votos de la Cámara. A cambio de su apoyo, los socialistas han conseguido pactar inversiones por 328 millones de euros hasta 2012, de los que 70 se repartirán entre cinco ayuntamientos vizcaínos donde gobiernan.
En 2008 la repercusión del acuerdo se limitará a 34,3 millones. Ni siquiera habrá que detraer estos fondos de otras partidas, ya que se cubrirán con un crédito destinado a imprevistos. Aunque los dos protagonistas recalcaron que el pacto afecta «exclusivamente» al próximo ejercicio, incluye inversiones «de largo recorrido», especialmente en materia de infraestructuras. La mayor partida, 120 millones, se destinará a terminar las obras de la Variante Este de Bilbao, mientras que la circunvalación de Ermua recibirá 95. En ambos casos, las obras comenzarán en 2010 y estarán terminadas en 2012.
Lucha contra el fraude
Ambos proyectos han protagonizado durante años enmiendas clásicas del grupo socialista que la Diputación había acabado asumiendo, aunque a paso lento. Tampoco ha habido sorpresas en el reparto de las inversiones entre municipios. El más favorecido es Sestao, que recibirá 35,5 millones para impulsar, entre otras actuaciones, la reforma de la carretera Bilbao-Santurtzi, la Ciudad Deportiva, el centro cívico y el nuevo complejo de ocio de La Benedicta. Barakaldo contará por fin con la carretera interfábricas; Basauri mejorará sus accesos y redes de saneamiento; Portugalete desarrollará el parque de Azeta y Trapagaran incluirá en la red de bidegorris el ferrocarril de La Orconera.
Frente a estas y otras medidas concretas, el acuerdo recoge el compromiso de «analizar los criterios de reparto de la financiación municipal», otra demanda reiterada de los socialistas. Los compromisos en materia de Acción Social tienen menor repercusión presupuestaria: dos millones de euros para atender a personas con enfermedades mentales graves de carácter crónico y 1,2 para un convenio con la Fundación Síndrome de Down.
Fuera de las tablas de números, se han asumido otros compromisos como la «revisión de las medidas adoptadas en la lucha contra el fraude para que sean más eficaces» y la decisión de que sean las Juntas Generales, y no la Diputación, las que autoricen la implantación de peajes. «Es un acuerdo potentísimo», afirmó José Antonio Pastor. «Aquí hay grandes políticas que afectan al día a día de los ciudadanos, y eso se comprobará a medida que pasen los meses».









