hay en marcha un informe
Las fuerzas de seguridad hallan vínculos económicos entre ANV y Batasuna
DURANGO. Dirigentes de ANV cantan 'La Internacional' en el mitin celebrado por esta organización política el pasado día 6. / AFP
LAS FRASES
La clave es el dinero. Los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil han encontrado en los últimos meses «reiterados trasvases económicos» entre las arcas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y cuentas relacionadas con la ilegalizada Batasuna y con miembros de su entorno. Según informaron ayer fuentes de la lucha antiterrorista, estos vínculos económicos serán uno de los ejes principales del «informe unificado» que la Secretaría de Estado para la Seguridad espera poder enviar antes de dos semanas al juez Baltasar Garzón, que quiere estudiar si procede la suspensión cautelar de las actividades del partido bajo sospecha.
La base de las investigaciones llevadas a cabo por ambos cuerpos son centenares de cuentas de los 42 ayuntamientos vascos y navarros gobernados por ANV. Sus movimientos bancarios durante los últimos seis meses han sido inspeccionados minuciosamente y se han encontrado decenas de transferencias sospechosas, descubiertas a pesar de los intentos de opacar estos movimientos. Según los investigadores, buena parte de estos trasvases son pagos, habitualmente con cadencia mensual, a supuestos asesores municipales que en realidad son miembros de Batasuna o de organizaciones de su entorno.
También hay movimientos de fondos regulares desde «concejalías sociales» a personas de relevancia de la coalición ilegalizada y a asociaciones ligadas a esa misma formación. A ello se suman partidas de las cajas de la propia ANV, que salen a modo de nómina mensual o sueldos a destinos desconocidos.
Los mandos de la lucha contra ETA aseguran que todavía es pronto para precisar el monto total del dinero trasvasado. Reconocen que en la mayoría de los casos no son cantidades importantes. No obstante, subrayan que la regularidad y el abultado número de operaciones bajo sospecha demostrarían la «ayuda económica continuada» de ANV a Batasuna.
Entre las pruebas que se aportarán a Garzón figura el resguardo de una transferencia bancaria desde ANV a una cuenta de una de las dirigentes de Batasuna encarceladas, Maite Fernández de la Bastida, que fue descubierto tras la captura de la cúpula de la coalición en octubre en la localidad guipuzcoana de Segura. En el documento figuraba la cantidad de 213 euros con la referencia «gastos de julio».
Los investigadores apuntan a que este traspaso sería un «prototipo» de la multitud de tramitaciones sospechosas a favor de Batasuna y provenientes, no sólo de ANV, sino también del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK). La Policía ya ha logrado documentar que el PCTV puso un sueldo mensual de 1.000 euros a varios dirigentes de la coalición proscrita.
Asesoramiento
La parte económica será el eje del informe, pero no el único punto. Tras casi un año de investigaciones, muchas de ellas anteriores a las elecciones municipales, Policía y Guardia Civil tienen también constancia de que en varias ocasiones ANV ha recurrido, a través de personas interpuestas, al asesoramiento de Batasuna para decidir sobre cuestiones de peso.
El informe -revelaron estas fuentes- también recordará la ilegalización de las 133 candidaturas a los comicios locales, una relación pormenorizada de las negativas a condenar los atentados, la participación de ANV en la movilizaciones de apoyo a Batasuna y los encuentros en secreto de miembros de ambas organizaciones, entre otras cuestiones.
Entre tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Baltasar Garzón que le facilite toda la documentación sobre Acción Nacionalista Vasca que hay en la pieza 310/07-D, dentro del sumario de Batasuna 35/02. El instructor mantiene bajo secreto este apéndice por lo que sólo el Ministerio Público, además del propio juez, puede consultarlo.
El departamento que dirige Javier Zaragoza quiere conocer todos los papeles que obran en esa pieza (buena parte anteriores a las elecciones de mayo) para estudiar de forma minuciosa la causa antes de que llegue el famoso informe de la Secretaría de Estado para la Seguridad. Este mismo documento, quizás con alguna variación, será el que se remita a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado posteriormente, ya con vistas a instar la ilegalización ante el Tribunal Supremo.
La base de las investigaciones llevadas a cabo por ambos cuerpos son centenares de cuentas de los 42 ayuntamientos vascos y navarros gobernados por ANV. Sus movimientos bancarios durante los últimos seis meses han sido inspeccionados minuciosamente y se han encontrado decenas de transferencias sospechosas, descubiertas a pesar de los intentos de opacar estos movimientos. Según los investigadores, buena parte de estos trasvases son pagos, habitualmente con cadencia mensual, a supuestos asesores municipales que en realidad son miembros de Batasuna o de organizaciones de su entorno.
También hay movimientos de fondos regulares desde «concejalías sociales» a personas de relevancia de la coalición ilegalizada y a asociaciones ligadas a esa misma formación. A ello se suman partidas de las cajas de la propia ANV, que salen a modo de nómina mensual o sueldos a destinos desconocidos.
Los mandos de la lucha contra ETA aseguran que todavía es pronto para precisar el monto total del dinero trasvasado. Reconocen que en la mayoría de los casos no son cantidades importantes. No obstante, subrayan que la regularidad y el abultado número de operaciones bajo sospecha demostrarían la «ayuda económica continuada» de ANV a Batasuna.
Entre las pruebas que se aportarán a Garzón figura el resguardo de una transferencia bancaria desde ANV a una cuenta de una de las dirigentes de Batasuna encarceladas, Maite Fernández de la Bastida, que fue descubierto tras la captura de la cúpula de la coalición en octubre en la localidad guipuzcoana de Segura. En el documento figuraba la cantidad de 213 euros con la referencia «gastos de julio».
Los investigadores apuntan a que este traspaso sería un «prototipo» de la multitud de tramitaciones sospechosas a favor de Batasuna y provenientes, no sólo de ANV, sino también del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK). La Policía ya ha logrado documentar que el PCTV puso un sueldo mensual de 1.000 euros a varios dirigentes de la coalición proscrita.
Asesoramiento
La parte económica será el eje del informe, pero no el único punto. Tras casi un año de investigaciones, muchas de ellas anteriores a las elecciones municipales, Policía y Guardia Civil tienen también constancia de que en varias ocasiones ANV ha recurrido, a través de personas interpuestas, al asesoramiento de Batasuna para decidir sobre cuestiones de peso.
El informe -revelaron estas fuentes- también recordará la ilegalización de las 133 candidaturas a los comicios locales, una relación pormenorizada de las negativas a condenar los atentados, la participación de ANV en la movilizaciones de apoyo a Batasuna y los encuentros en secreto de miembros de ambas organizaciones, entre otras cuestiones.
Entre tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Baltasar Garzón que le facilite toda la documentación sobre Acción Nacionalista Vasca que hay en la pieza 310/07-D, dentro del sumario de Batasuna 35/02. El instructor mantiene bajo secreto este apéndice por lo que sólo el Ministerio Público, además del propio juez, puede consultarlo.
El departamento que dirige Javier Zaragoza quiere conocer todos los papeles que obran en esa pieza (buena parte anteriores a las elecciones de mayo) para estudiar de forma minuciosa la causa antes de que llegue el famoso informe de la Secretaría de Estado para la Seguridad. Este mismo documento, quizás con alguna variación, será el que se remita a la Fiscalía General del Estado y a la Abogacía del Estado posteriormente, ya con vistas a instar la ilegalización ante el Tribunal Supremo.
