Los sectores con mayores irregularidades siguen siendo las chatarrerías, inmobiliarias y empresas de telefonía y componentes informáticos, aunque también se ha estrechado el cerco sobre los profesionales liberales. La plantilla de inspectores de finanzas ha pasado de 23 a 37 profesionales. Y la Diputación ha anunciado que seguirá reforzando los mecanismos de la lucha contra el fraude.









