El Gobierno vasco acusa a los jueces de «encarcelar ideas» por condenar a KAS y Ekin

El Gobierno vasco elevó ayer considerablemente el tono de sus críticas, por otro lado habituales, al macrojuicio que se ha seguido en la Audiencia Nacional contra las organizaciones del entorno de ETA y que culminó el pasado miércoles con la lectura del fallo, que considera que KAS y Ekin constituyen «las entrañas y el corazón» mismo de la banda terrorista. Ante la sentencia, que condena a más de 500 años de cárcel a 47 dirigentes de este conglomerado, el Ejecutivo de Vitoria expresó ayer su «convicción moral» de que la Justicia española está «encarcelando ideas» y denunció que la conclusión del sumario 18/98 supone en la práctica la instauración del «delito de opinión».

Como en anteriores declaraciones institucionales de índole jurídica y tono solemne -por ejemplo la áspera denuncia de la Ley de Partidos que elaboró el Gobierno de Vitoria a raíz del 'caso Ibarretxe'- fue el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, el encargado de ejercer de portavoz del tripartito y dar lectura al durísimo texto de valoración de la sentencia, de tres folios, apuntalado por el lehendakari Ibarretxe en declaraciones posteriores a ETB-1. El presidente vasco se limitó a subrayar que las condenas a los integrantes del 'frente político-social' de ETA «no tienen base jurídica» y consideró que los «insultos» que ha recibido desde la izquierda abertzale pese a su oposición al sumario hacen «imposible» una protesta conjunta con el mundo de Batasuna.

Ya desde las primeras líneas de la declaración, el Gobierno vasco emplea gruesas palabras para criticar una sentencia que a su juicio sobrepasa de manera «excepcional» e «insoportable» la legalidad formal y que «hiere a la democracia» al abrir «un agujero de excepción» y «un sumidero de garantías» en la aplicación de la ley.

Es más, el Ejecutivo acusa a los jueces de hacer una interpretación «retorcida» del ordenamiento vigente para encarcelar «injustamente» a personas que no tilda de miembros de ETA sino de «disidentes». Y va aún más lejos al advertir de que interpretaciones «expansivas» del derecho como la que, dice, ha hecho la Audiencia Nacional pueden convertirse en última instancia en «herramientas de persecución contra ciudadanos incómodos».

Además de las abundantes precisiones jurídicas y denuncias de irregularidades a lo largo del prolongado proceso -ha durado casi diez años- que salpican el texto, el Ejecutivo vasco se centra sobre todo en denunciar las motivaciones «políticas» que, en su opinión, impulsaron la apertura del sumario y han determinado asimismo su conclusión. «¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar», se pregunta el Gobierno vasco, convencido de que se ha forzado la máquina hasta hacer «tabla rasa de las categorías penales».

El fallo, dice, y el consiguiente «espectáculo mediático» de las detenciones que precedieron a la divulgación de la sentencia son, según el Gabinete Ibarretxe, la «guinda de un pastel cocinado con lo ingredientes» decididos por el Gobierno del PP, en el poder cuando se inició la causa. «El problema es que la fórmula prescinde del respeto a los derechos fundamentales, lesionados de forma grave en esa etapa» - subrayó Azkarraga-, «y que desgraciadamente permanecen hoy al albur de intereses partidistas» ajenos a la Administración de Justicia».

«Todo es ETA»

La habitual acusación del Ejecutivo de Vitoria a los jueces de actuar por impulsos políticos cobró ayer aún más relieve. El Gobierno vasco considera que la tesis, avalada por el tribunal, de que ETA no son únicamente sus comandos responde a una interpretación política y no a hechos probados y jurídicamente argumentados. «Es una lectura política decir que todo es ETA, que esta organización que usa las armas para imponer el terror puede colonizar a organismos ajenos que no sabían hasta que son detenidos y condenados que eran parte de ETA», sostiene.

El Gabinete Ibarretxe acusa a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de no haber puesto los medios necesarios para «buscar la verdad» y confía en que, cuando tengan que resolver los previsibles recursos, los jueces «limpien su mirada» y actúen «con profesionalidad e imparcialidad».