La futura ley permitirá que cualquier pareja pueda acceder de forma gratuita a un procedimiento concebido para resolver el divorcios de una forma pacífica, evitando que acabe en un litigio judicial.
En la actualidad existen dos órganos públicos de mediación familiar en Euskadi. Uno depende del Gobierno vasco y está radicado en Bilbao, mientras que el otro lo gestionar el Ayuntamiento de Vitoria y se ocupa de parejas con hijos menores de edad. La nueva ley pretende que cada territorio histórico tenga un servicio de esas características y que estén coordinados con otros centros que desarrollan el mismo trabajo.
La normativa establece unos niveles de formación, titulación y experiencia mínimos que deberán acreditar quienes vayan a ejercer profesionalmente en este ámbito.








